Esta materia aparece regulada en el Título X de la Ley 30/92 y desarrollada en el RD 429/1993. Por razones de brevedad vamos a referirnos sólo a la primera de las normas.

La Ley 30/92 distingue a estos efectos entre una responsabilidad patrimonial de la Administración y una manera de llevar a la práctica dicha exigencia de responsabilidad ante los funcionarios y autoridades (punto que aparece en el tema 50). Centrando nuestra atención en la primera de las vertientes tenemos que los puntos que se destacan son:

                      Principios de la responsabilidad

o                     Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por todo menoscabo de sus derechos que no tengan el deber jurídico de soportar (siempre que no sea imputable a fuerza mayor)

o                     El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e invidualizable respecto de una persona o grupo de personas concreto

                      Indemnización

o                     Sólo son indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar

o                     La indemnización se calcula con arreglo a criterios de valoración establecidos para la expropiación forzosa o legislación fiscal

o                     La cuantía de acuerdo con el día en que el daño se produjo sin perjuicio de su actualización

o                     La indemnización puede sustituirse por compensación en especie o pagos periódicos

                      Procedimiento general de responsabilidad patrimonial

o                     Se inician de oficio o por reclamación de los interesados

o                     Normalmente se resuelven por el Ministro o el alcalde

o                     Existe un procedimiento reglamentario al que nos hemos referido

o                     El derecho a reclamar prescribe al año

o                     La resolución pone fin a la vía administrativa

o                     Si no recae resolución expresa se puede entender desestimada la solicitud

                      Procedimiento abreviado

Cuando resulta inequívoca la relación causal entre el funcionamiento del servicio público y la lesión se puede acordar la sustanciación en un procedimiento abreviado por el que el derecho puede reconocerse en 30 días