La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia es un documento aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002 (con resolución publicada en el BOCG y adoptada por el Ministerio de Justicia, CGPJ y CCAA con competencias transferidas). Vincula a todos los operadores judiciales (jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, personal al servicio de la Administración de Justicia) y promueve una justicia transparente, accesible y de calidad. No es una norma con rango de ley, sino un código de principios y compromisos que se integra en la cultura judicial y se difunde en sedes judiciales electrónicas, oficinas y portales oficiales (como sedejudicial.justicia.es). En febrero de 2026, sigue vigente sin modificaciones estructurales relevantes tras la LO 1/2025 de eficiencia (que refuerza su aplicación mediante digitalización y proximidad).

La Carta se estructura en cuatro apartados principales:

1. Principios de transparencia, información y atención adecuada.
2. Relación con los profesionales que asisten y representan al ciudadano.
3. Atención a las víctimas.
4. Justicia gratuita.

Derechos de información, de atención y gestión, de identificación de actuaciones y funcionarios, derechos lingüísticos

• Derechos de información y transparencia:
  • Recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de juzgados/tribunales, características de los procedimientos y plazos aproximados.
  • Conocer el estado de los procesos en los que se tenga interés legítimo (mediante consulta telemática en sede judicial electrónica o presencial).
  • Información transparente sobre asuntos transmitidos/pendientes, actividad de los órganos judiciales y estadísticas relevantes.
  • Recibir explicaciones claras y comprensibles sobre resoluciones y actuaciones (en lenguaje accesible, adaptado si es necesario).
• Derechos de atención y gestión:
  • Atención adecuada, respetuosa y sin dilaciones indebidas.
  • Trato digno, sin discriminación (por razón de género, origen, discapacidad, etc.).
  • Facilitar el acceso a la justicia (incluyendo Oficinas de Justicia en Municipios y digitalización).
  • Formular quejas, reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia (con respuesta obligatoria y seguimiento).
• Derechos de identificación de actuaciones y funcionarios:
  • Las actuaciones deben estar identificadas con el nombre y cargo del juez/magistrado, fiscal, letrado de la Administración de Justicia y demás funcionarios intervinientes.
  • Derecho a conocer la identidad de quien atiende (en ventanilla, por teléfono o telemáticamente).
• Derechos lingüísticos:
  • Uso de las lenguas cooficiales en las CCAA con idioma propio (catalán, gallego, euskera, valenciano, etc.), conforme a los Estatutos de Autonomía y LOPJ (art. 231).
  • Derecho a ser atendido y a que las actuaciones se desarrollen en la lengua oficial correspondiente (incluyendo traducción e interpretación gratuita si procede).
  • Documentos y resoluciones en la lengua elegida por el ciudadano (salvo excepciones legales).

Derechos frente a los profesionales que asisten y representan al ciudadano: Abogados, Procuradores, Graduados Sociales

• Derecho a elegir libremente abogado y procurador (o graduado social en materia laboral/social).
• Recibir información clara sobre honorarios, estrategia procesal y riesgos.
• Ser asistido con diligencia, lealtad y confidencialidad por el profesional.
• Derecho a que el abogado/procurador comunique con prontitud el estado del procedimiento y las resoluciones.
• Posibilidad de revocar la designación y cambiar de profesional sin perjuicio del proceso.
• En justicia gratuita: designación de oficio con los mismos estándares de calidad y diligencia.
• Reclamación ante los colegios profesionales si hay incumplimientos deontológicos.

El Derecho a la Justicia Gratuita en la Carta de Derechos

• Derecho a la justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos (Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, modificada por LO 1/2025 para agilizar trámites y ampliar beneficiarios).
• Incluye: designación de abogado/procurador de oficio, exención de tasas, depósitos y costas (salvo mala fe), peritajes y demás gastos.
• Información clara sobre requisitos y procedimiento de solicitud (en sedes judiciales y Oficinas de Justicia).
• Compromiso de que la justicia gratuita sea efectiva y de calidad (no solo formal), con seguimiento de la actuación de los profesionales designados.

El plan de Transparencia Judicial

El Plan de Transparencia Judicial (originado en la Resolución de 28 de octubre de 2005 de la Secretaría de Estado de Justicia) se enmarca en los principios de la Carta y se actualiza periódicamente. En 2026, se integra en el III Plan de Gobierno Abierto del Ministerio de Justicia y en las iniciativas del CGPJ (como el Portal de Transparencia del Poder Judicial).

Objetivos y medidas clave (vigentes en 2026):

• Publicación proactiva de información: agendas de altos cargos, retribuciones de jueces/magistrados (a cargo del Ministerio), acuerdos del CGPJ, estadísticas judiciales (a través de la Comisión Nacional de Estadística Judicial).
• Mejora de la accesibilidad: Sede Judicial Electrónica (LexNET, consulta de expedientes, notificaciones electrónicas).
• Transparencia en la gestión: publicación de cargas de trabajo, tiempos medios de resolución, planes estratégicos (ej. Plan Estratégico 2026-2035 del CGPJ).
• Rendición de cuentas: informes anuales de transparencia, auditorías y seguimiento de quejas.
• Consolidación de registros judiciales y datos abiertos (Portal de Datos de Justicia).
• Adaptación a la LO 1/2025: mayor transparencia en Tribunales de Instancia, Oficinas Judiciales y Justicia de Paz (publicación de organigramas, especializaciones y estadísticas por sección).