La legislación vigente en España sobre archivos judiciales (a fecha de febrero de 2026) se basa principalmente en el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, que sigue en vigor como norma de referencia para la organización, gestión y tratamiento de la documentación judicial. Esta norma no ha sido derogada por reformas recientes como la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (publicada en el BOE en enero de 2025 y con entrada en vigor progresiva desde abril de 2025), aunque esta última impulsa fuertemente la digitalización y el expediente judicial electrónico, impactando indirectamente en la gestión archivística.

Otras normas complementarias clave incluyen:

• La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (vigente, aunque parcialmente modificada por leyes posteriores como la Ley 42/2015).
• La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), en sus artículos relacionados con la documentación y el archivo (ej. art. 230 sobre sistemas informáticos).
• Normativa autonómica en comunidades con competencias transferidas (ej. Andalucía, Galicia, Madrid), que regulan juntas de expurgo y archivos territoriales.

Conceptos de archivo judicial y documentación judicial

Según el Real Decreto 937/2003:

• Archivo Judicial de Gestión: Se encuentra en los órganos judiciales (juzgados, tribunales). Contiene la documentación en tramitación activa o recientemente finalizada. Es responsabilidad del Letrado de la Administración de Justicia (antes Secretario Judicial).
• Archivo Judicial Territorial: Recibe documentación transferida desde los de gestión una vez concluida su utilidad administrativa inmediata (generalmente tras plazos de conservación en gestión).
• Archivo Judicial Central: Para documentación de ámbito nacional o de especial relevancia histórica.

La documentación judicial abarca expedientes procesales, actuaciones gubernativas, libros de registro, etc., tanto en formato papel como electrónico. Se clasifica por su valor administrativo, legal e histórico.

Formas de remisión de documentación judicial y relaciones documentales

El artículo 13 del Real Decreto 937/2003 regula la remisión:

• La transferencia desde el Archivo de Gestión al Territorial o Central se realiza periódicamente (mínimo anual, según volumen).
• Debe ir acompañada de una relación documental (lista detallada) con modelo uniforme aprobado por la administración competente.
• La relación incluye: número y año del procedimiento, orden jurisdiccional, naturaleza, partes, objeto sucinto, fecha de terminación o paralización.
• Se remite preferentemente mediante programas y aplicaciones informáticas compatibles (hoy integrados en sistemas como Minerva, Fortuny o los de Justicia Digital).
• El remitente conserva copia con fecha de envío y acuse de recibo.

En el entorno digital actual, la remisión es mayoritariamente telemática a través de plataformas interoperables.

Nuevas tecnologías en los archivos judiciales de gestión

La modernización se acelera con la Ley 18/2011 y el impulso del Plan Justicia 2030 (Ministerio de Justicia), que promueve el Expediente Judicial Electrónico (EJE) sostenible, interconectado y ecológico.

Aspectos clave:

• Tramitación íntegramente electrónica (presentación de escritos, notificaciones, vistas telemáticas).
• Interoperabilidad entre sistemas (Minerva, Avantius, etc.) vía plataformas como LexNET o sedes judiciales electrónicas.
• Firma electrónica, fe pública digital, teletrabajo e inmediación digital.
• Uso de inteligencia artificial para automatización de gestión, análisis de datos y predicción de cargas.
• Digitalización masiva de fondos antiguos y archivo electrónico nativo.
• La LO 1/2025 refuerza estos aspectos al promover eficiencia organizativa y procesal, con énfasis en Tribunales de Instancia y reducción de papel.

Los archivos de gestión se gestionan con aplicaciones informáticas homologadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), garantizando compatibilidad y seguridad.

Las juntas de expurgo de la documentación judicial

Reguladas en el artículo 14 del Real Decreto 937/2003:

• Son órganos colegiados administrativos que deciden la exclusión/eliminación de documentación (expurgo) o su transferencia al patrimonio histórico (archivos autonómicos o nacionales).
• Se constituye una por comunidad autónoma, con ámbito territorial autonómico.
• Composición (en ámbito Ministerio de Justicia): Presidida por un magistrado designado por el Presidente del TSJ (con voto dirimente), e integrada por vocales como: representante fiscal, letrado de la administración de justicia, técnico de archivos (designado por la administración de patrimonio histórico), archivero del territorial, etc.
• En comunidades con competencias transferidas (ej. Galicia, Madrid, Andalucía), la regulación autonómica adapta sede y composición, pero mantiene presidencia judicial y participación multidisciplinar.
• Funcionan evaluando tablas de valoración documental y plazos de conservación. La información se trata solo para fines de expurgo.
• El expurgo elimina lo sin valor permanente; lo valioso se transfiere para conservación histórica.