El sistema procesal penal regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 y vigente en febrero de 2026 (con múltiples reformas, incluida la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia), presenta un modelo mixto acusatorio con rasgos inquisitivos heredados, aunque en proceso de modernización profunda.

A continuación, se explican los puntos solicitados de forma estructurada, diferenciando el régimen vigente en 2026 (LECrim actual, con reformas puntuales de 2025) del proyecto de reforma aprobado en octubre de 2025 (Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal - LOECrim), cuya entrada en vigor se prevé para 2028 y que representa una transformación hacia un modelo acusatorio puro.

Principio del juez imparcial y separación de instrucción y enjuiciamiento

En la LECrim vigente:

• El principio de juez imparcial deriva del art. 24.2 de la Constitución Española y se materializa en la separación progresiva de funciones.
• Históricamente, el juez de instrucción investigaba y podía juzgar en algunos procedimientos (ej. juicios de faltas o delitos leves), pero reformas como la LO 7/1988 introdujeron los Juzgados de lo Penal para separar instrucción (Juzgado de Instrucción) y enjuiciamiento (Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial).
• En el procedimiento abreviado (arts. 779 y ss. LECrim), el juez instructor no enjuicia; el enjuiciamiento corresponde al Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial.
• En el procedimiento ordinario (sumario), el juez instructor prepara la causa, pero el juicio oral y sentencia recaen en la Audiencia Provincial.
• La imparcialidad objetiva se garantiza mediante recusación (arts. 54 y ss. LECrim) si el juez ha intervenido previamente en fases que comprometan su neutralidad.

En el Proyecto LOECrim (aprobado en 2025, pendiente tramitación):

• Se avanza hacia separación estricta: Ministerio Fiscal dirige la investigación; surge el juez de garantías (controla medidas que afectan derechos fundamentales); juez de audiencia preliminar decide sobre apertura a juicio; y tribunal enjuiciador (distinto) dicta sentencia.
• Refuerza imparcialidad objetiva y subjetiva, alineándose con estándares europeos.

Principios del proceso penal

La LECrim vigente incorpora principios constitucionales y derivados:

• Legalidad (art. 1 y ss.): solo se persiguen hechos tipificados.
• Presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
• Contradicción y publicidad del juicio oral.
• Inmediación y concentración en el juicio oral.
• Derecho de defensa (art. 118 y ss.).
• Economía procesal y proporcionalidad.
• Tutela judicial efectiva.

La Ley Orgánica 1/2025 refuerza algunos (ej. audiencia preliminar para depurar cuestiones previas y favorecer conformidades).

Competencia objetiva y funcional

• Objetiva (art. 13 y ss. LECrim): depende de la gravedad del delito y el órgano (Juzgado de Instrucción, Juzgado de lo Penal, Audiencia Provincial, Tribunal Supremo, etc.). Ej.: delitos graves → Audiencia Provincial; leves → Juzgado de lo Penal.
• Funcional (art. 9 LECrim): cada órgano competente extiende su jurisdicción a incidencias, ejecución y recursos relacionados. Incluye fases: instrucción, enjuiciamiento, ejecución.

Justicia restaurativa

• En la LECrim vigente (modificada por LO 1/2025): se introduce como mecanismo alternativo (Disposición Adicional 8ª y 9ª), regido por voluntariedad, confidencialidad, oficialidad y gratuidad.
• Permite mediación, reparación del daño, archivo o modulación de pena en casos adecuados (especialmente delitos leves o con víctimas vulnerables).
• Favorece acuerdos entre víctima y autor para evitar o atenuar el proceso tradicional.

Aforamientos y privilegios procesales

• Son reglas especiales de competencia intuitu personae (por la persona): determinados cargos son juzgados por órganos superiores (ej. Tribunal Supremo para aforados constitucionales como diputados, senadores, ministros; art. 71 CE y LOPJ).
• Incluyen inviolabilidad (no responder por opiniones en ejercicio del cargo) e inmunidad (autorización previa de la Cámara para procesar o detener, salvo flagrancia).
• No son "privilegios" absolutos, sino garantías de independencia funcional, aunque generan debate por posible dilación o desigualdad.
• En la LECrim, se regulan en arts. relacionados con competencia (ej. Tribunal Supremo para aforados).

Inmunidad de jurisdicción

• Se refiere principalmente a inmunidad de jurisdicción de Estados extranjeros, organizaciones internacionales y sus representantes (regulada en Ley Orgánica 16/2015, de privilegios e inmunidades).
• En proceso penal español: los tribunales no pueden enjuiciar a sujetos con inmunidad diplomática o consular (Convenio de Viena), salvo renuncia.
• Distinto de inmunidad parlamentaria (supra).

Competencia territorial

• Criterio principal: lugar de comisión del delito (forum loci delicti commissi, art. 14 LECrim).
• Subsidiarios: domicilio del reo, lugar de detención, etc.
• Especial: en violencia de género, domicilio de la víctima (art. 14 bis).
• Improrrogable en materia penal (art. 8).

Inhibición de oficio y a instancia de parte; cuestiones de competencia territorial

• Inhibición: el juez que se considere incompetente se inhibe en favor del competente (art. 15 y ss. LECrim).
  • De oficio: cuando detecta su incompetencia.
  • A instancia de parte: mediante declinatoria (art. 16 y ss.).
• Cuestiones de competencia: resueltas por el superior jerárquico (ej. Audiencia Provincial o Tribunal Supremo).
• Evitan conflictos y garantizan juez natural predeterminado por ley.