La ejecución de sentencias penales en España, regulada principalmente en el Libro VII de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) (arts. 986 a 1011), la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP) (arts. 59 y ss., modificados), y la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (LOPJ) (reformada por Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia —efectos plenos en organización desde 2025-2026—), se divide en ejecución penal (penas y medidas) y ejecución civil derivada del delito. En febrero de 2026, la LO 1/2025 ha transformado los antiguos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria en Secciones de Vigilancia Penitenciaria dentro de los Tribunales de Instancia (o Tribunal Central de Instancia para competencias nacionales), manteniendo funciones similares pero en estructura colegiada y más integrada.

Los Tribunales sentenciadores; el Tribunal de Instancia – Sección de Vigilancia Penitenciaria – y Administración Penitenciaria: Sus respectivas funciones

• Tribunales sentenciadores (Juzgado de lo Penal, Audiencia Provincial, TS, etc.): dictan sentencia firme y despachan ejecución inicial (art. 986 LECrim). Competencia: ejecución de penas no privativas libertad (multas, trabajos comunidad, localización permanente), suspensión/condicional, sustitución penas, pago responsabilidad civil derivada, costas. En penas privativas libertad: remiten ejecución a Sección Vigilancia Penitenciaria o Administración Penitenciaria (Instituciones Penitenciarias, Secretaría General, etc.).
• Tribunal de Instancia – Sección de Vigilancia Penitenciaria (art. 89 y ss. LOPJ reformados por LO 1/2025; arts. 76-78 LOGP): sustituye Juzgados de Vigilancia Penitenciaria desde 2025-2026 (DT 1ª LO 1/2025). Funciones (control jurisdiccional ejecución penas privativas libertad y derechos internos):
  • Clasificación inicial grado (inicial, ordinario, tercer grado).
  • Permisos salida, progresión grado, libertad condicional, revisión régimen cerrado.
  • Sanciones disciplinarias graves, traslados, aislamiento preventivo.
  • Control legalidad actuaciones Administración Penitenciaria (cumplimiento penas, derechos internos: educación, salud, trabajo, visitas).
  • Suspensión/revocación beneficios (art. 100 LOGP).
  • Competencia: provincial o capital provincial (extensión varios partidos judiciales); Tribunal Central de Instancia para competencias nacionales (Audiencia Nacional, etc.).
• Administración Penitenciaria (Instituciones Penitenciarias, Ministerio Interior; arts. 59-75 LOGP): ejecución material penas. Funciones administrativas:
  • Cumplimiento diario (régimen interno, clasificación grado propuesta, permisos ordinarios, trabajo, educación).
  • Propuesta progresión grado, libertad condicional, beneficios.
  • Sanciones disciplinarias leves/graves (propuesta).
  • Traslados, aislamiento.
  • No decide cuestiones jurídicas (solo propone o ejecuta bajo control judicial).

Recursos contra las resoluciones de la Administración Penitenciaria y de los Tribunales de Instancia – Sección de Vigilancia Penitenciaria

• Contra resoluciones Administración Penitenciaria (art. 76 LOGP y DA 5ª LOPJ reformada):
  • Recurso administrativo previo (reclamación ante Dirección Centro o Secretaría General Instituciones Penitenciarias, plazo 1 mes).
  • Si desestimado o silencio: recurso jurisdiccional ante Sección Vigilancia Penitenciaria (reforma contra acuerdos administrativos; apelación posible).
• Contra resoluciones Sección Vigilancia Penitenciaria (DA 5ª LOPJ y arts. 76-78 LOGP):
  • Reforma: contra autos (plazo 3 días; resuelve misma Sección).
  • Queja: contra providencias/diligencias ordenación (ante misma Sección o superior).
  • Apelación: principal contra autos relevantes (clasificación grado, permisos, sanciones graves, libertad condicional, etc.). Competencia: Tribunal sentenciador (Audiencia Provincial o TS si aforado; plazo 5 días). Vista oral posible.
  • Casación: excepcional por infracción ley (Sala Penal TS; motivos art. 849 LECrim).
  • Recursos no suspenden ejecución salvo medida grave (posible suspensión cautelar).

Tasación de costas

• En proceso penal: tasación por LAJ (Letrado Administración Justicia) en pieza separada (art. 241 LOPJ). Incluye costas procesales (honorarios abogado/procurador si preceptivos, peritos, etc.).
• Contra tasación: recurso reposición (3 días ante LAJ) o revisión (ante juez/tribunal). LO 1/2025 suprime condena costas en incidente impugnación tasación por excesivas (salvo abuso servicio público).
• Ejecución costas: vía ejecución penal (despacho oficioso si sentencia firme).

La ejecución civil en el proceso penal

• Responsabilidad civil derivada delito (arts. 109-122 LECrim y 109-116 CP): resarcimiento daños/perjuicios, restitución cosa.
• Acumulada por defecto en penal (art. 109 LECrim); posible reserva acción civil separada (art. 112) o renuncia.
• Ejecución: de oficio por tribunal sentenciador (Juzgado Sentencia) tras firmeza (art. 570 LEC aplicable supletorio). No prescribe ni caduca (STS Pleno Sala 2ª 2020-2021: ejecución indefinida hasta satisfacción completa; no aplica caducidad 5 años LEC ni prescripción 5 años CC).
• Procedimiento: despacho ejecución civil en pieza separada; embargo bienes si impago; responsables subsidiarios (padres/tutores, aseguradores). Víctima/perjudicado personable ejecución.
• Competencia: tribunal sentenciador (no Vigilancia Penitenciaria, salvo conexo ejecución pena).

En resumen, en febrero de 2026 la ejecución penal combina control jurisdiccional (Sección Vigilancia Penitenciaria: decisiones jurídicas) y administrativo (Instituciones Penitenciarias: ejecución material), con recursos jerárquicos y jurisdiccionales garantistas. Ejecución civil derivada es oficiosa, indefinida y prioriza satisfacción víctima. LO 1/2025 integra Vigilancia Penitenciaria en Tribunales Instancia para mayor eficiencia y colegialidad, sin alterar competencias sustantivas.