En el proceso contencioso-administrativo español, regulado principalmente por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), los recursos se dividen en dos grandes categorías: los recursos contra actos administrativos (que inician el proceso) y los recursos procesales (contra resoluciones dictadas durante el procedimiento judicial).

Recursos en el proceso contencioso-administrativo (visión general)

Los principales recursos procesales en la LJCA son:

• Recurso de reposición (art. 79 LJCA): Contra providencias y autos no definitivos (no apelables ni recurribles en casación). Plazo: 5 días. Se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución. No suspende la ejecución salvo disposición contraria.
• Recurso de apelación (art. 80 y ss. LJCA): Contra ciertos autos y, en su caso, sentencias de Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (ante la Sala correspondiente del TSJ o similar). Plazo habitual: 15 días.
• Recurso de casación (art. 86 y ss. LJCA): Extraordinario, ante el Tribunal Supremo (o TSJ en ciertos casos). Requiere interés casacional. Plazo: 30 días desde la notificación.
• Recurso de revisión (art. 102 y ss. LJCA): Contra sentencias firmes en casos tasados (por ejemplo, error de hecho, documentos decisivos nuevos, etc.).
• Otros: Recurso de queja (por inadmisión de casación), revisión en interés de la ley, etc.

Estos recursos buscan corregir errores procesales o de fondo, garantizando el principio de doble instancia en muchos casos y el control de legalidad.

Recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ)

Desde la reforma de la Ley 13/2009 (implantación de la Nueva Oficina Judicial), los Letrados de la Administración de Justicia (antes Secretarios Judiciales) asumen funciones relevantes en la tramitación del procedimiento contencioso-administrativo. Pueden dictar:

• Diligencias de ordenación.
• Decretos no definitivos.
• Decretos resolutivos (definitivos o que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación).

Contra estas resoluciones del LAJ existen mecanismos específicos de impugnación (art. 102 bis LJCA y concordantes):

1. Recurso de reposición:
   • Procede contra diligencias de ordenación y decretos no definitivos del LAJ.
   • Se interpone ante el mismo LAJ que dictó la resolución (art. 102 bis.1 LJCA).
   • Plazo: 5 días desde la notificación.
   • El LAJ resuelve por decreto.
   • Contra ese decreto resolutorio del recurso de reposición no cabe recurso ordinario (salvo excepciones constitucionales o de nulidad declaradas por el TC en su momento).
   • En la práctica, desde 2025, suele requerirse el depósito de 25 euros (Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ, aplicable por analogía o reforma).
2. Recurso directo de revisión (o recurso de revisión):
   • Procede contra decretos resolutivos del LAJ que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación (por ejemplo, decretos que inadmitan demanda, tengan por desistido al recurrente, etc.).
   • Se interpone directamente ante el órgano judicial (Juez o Magistrado titular del Juzgado/Sala).
   • Plazo: 5 días desde la notificación.
   • Es un control jurisdiccional directo del juez sobre el decreto definitivo del LAJ.
   • No cabe recurso ulterior contra la resolución del juez que resuelve este recurso (salvo casos excepcionales).

Resumen en tabla comparativa:

Estos recursos garantizan que las decisiones del LAJ no queden sin control judicial efectivo, especialmente tras pronunciamientos del Tribunal Constitucional que declararon inconstitucionales limitaciones previas a la recurribilidad (por ejemplo, partes del art. 102 bis.2 LJCA en su redacción originaria).