El proceso laboral en España se regula principalmente por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), vigente en febrero de 2026 con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (entrada en vigor progresiva, con impacto relevante desde abril de 2025 en aspectos como conciliación, pruebas y agilización).A continuación, se detalla cada uno de los aspectos solicitados, con base en la normativa actual.

1. Principios que informan el proceso laboral (arts. 74 y ss. LRJS, preámbulo)

El proceso laboral se rige por principios específicos que lo distinguen de otros órdenes jurisdiccionales, inspirados en la tutela efectiva (art. 24 CE) y adaptados a la realidad laboral:

• Oralidad → Predominio de la forma oral en las actuaciones (juicio oral, interrogatorios directos, alegaciones verbales), aunque se permite escrito en fases previas.
• Inmediación → El juez debe estar presente en las pruebas y en el acto del juicio para valorar directamente las declaraciones y pruebas.
• Concentración → Las actuaciones se concentran en el menor número posible de actos (preferentemente en un solo día: conciliación + juicio).
• Publicidad → Las actuaciones son públicas, salvo excepciones (menores, intimidad, etc.).
• Gratuidad → Principio general de gratuidad en primera instancia para trabajadores y beneficiarios de Seguridad Social (art. 2 LRJS y Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita).
• Celeridad y agilidad → Diseñado para resolución rápida de conflictos laborales.
• Oficialidad y dirección judicial del proceso → El juez impulsa el proceso de oficio, con amplias potestades de dirección y corrección (art. 74 LRJS).
• Protección del trabajador → Principio tuitivo: mayor protección al trabajador como parte débil (interpretación favorable, inversión de carga probatoria en ciertos casos).
• Igualdad procesal → Con adaptación a la desigualdad real (ej. posibilidad de comparecencia personal sin abogado en primera instancia).
• Principio de contradicción y economía procesal.

Estos principios se mantienen intactos tras la LO 1/2025, que refuerza la eficiencia (conciliación anticipada, aportación anticipada de pruebas).

2. Competencia objetiva y territorial (arts. 2 a 11 LRJS)

• Competencia objetiva (por razón de la materia):
  • Juzgados de lo Social → Regla general: conocen en única instancia la mayoría de procesos (despidos, cantidades, sanciones, Seguridad Social, etc.) — art. 6.
  • Salas de lo Social de los TSJ → Conflictos colectivos en ámbito autonómico, recursos de suplicación, cuestiones prejudiciales — art. 7.
  • Sala de lo Social de la Audiencia Nacional → Conflictos colectivos de ámbito superior a CC.AA. (estatal o interautonómico), tutela derechos fundamentales en ciertos casos — art. 8.
  • Sala de lo Social del Tribunal Supremo → Recursos de casación para unificación doctrina, casación ordinaria — art. 9.
  • Competencia funcional por conexión: Extiende a cuestiones prejudiciales relacionadas (art. 4).
• Competencia territorial (art. 10 LRJS):
  • Regla general → Lugar de prestación de servicios (centro de trabajo) o domicilio del demandado, a elección del demandante (favor del trabajador).
  • Especialidades:
    • Tutela derechos fundamentales: Lugar de la lesión o efectos.
    • Conflictos colectivos: Ámbito territorial de afectación.
    • Impugnación actos administrativos: Domicilio demandante o donde se dictó la resolución.
  • Salas de TSJ: Ámbito de la Comunidad Autónoma (art. 11).

3. Cuestiones de competencia (arts. 12 a 14 LRJS)

• Apreciación de oficio → El órgano judicial debe examinar de oficio la falta de jurisdicción o competencia (art. 5).
• Cuestiones de competencia → Se plantean por las partes o de oficio.
  • Entre Juzgados de lo Social del mismo TSJ: Resuelve el TSJ (Sala de lo Social).
  • Entre órganos de distinto ámbito: Resuelve el Tribunal Supremo (Sala de lo Social) o el TSJ competente.
• Tramitación (art. 14):
  • Auto motivado que plantea la cuestión.
  • Suspensión del procedimiento principal.
  • Traslado a partes y resolución por auto (no recurrible ordinariamente, salvo casación si procede).
• Conflictos de competencia: Regulados por LOPJ (supletoria).

4. Representación y defensa en el procedimiento laboral (arts. 18 a 21 LRJS)

• Comparecencia → Las partes pueden comparecer por sí mismas o mediante representante.
• Representación técnica:
  • Abogado → Defensa (alegaciones, interrogatorios).
  • Graduado social colegiado → Muy habitual en laboral (posible en primera instancia y suplicación).
  • Procurador → Representación procesal (notificaciones, plazos); no obligatorio en primera instancia, pero posible y recomendable en recursos.
• Pluralidad de partes → Designación de representante común (abogado, graduado social, uno de los demandantes o sindicato).
• Sindicatos → Pueden representar a sus afiliados o intervenir como parte.
• Estado, CC.AA., Seguridad Social → Representados por Abogados del Estado o equivalentes.
• En primera instancia → No obligatoria representación técnica (principio de gratuidad y acceso); basta comparecencia personal o con graduado social.
• En recursos → Obligatoria en suplicación y casación (abogado + procurador en muchos casos).
• FOGASA → Intervención como parte si procede (ver punto siguiente).

5. Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

• Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social.
• Funciones principales → Garantizar el pago de salarios e indemnizaciones pendientes cuando el empresario está en insolvencia o concurso de acreedores (art. 33 ET y Ley 16/1976).
  • Salarios: Hasta doble SMI diario (prorrateo pagas extras), máximo 120 días.
  • Indemnizaciones: Por despido, extinción, etc. (límites según normativa).
• Procedimiento:
  • Solicitud del trabajador (tras sentencia o acto de conciliación).
  • Intervención en proceso: Puede ser parte (demandado o coadyuvante) si se reclama cantidades.
  • Pago directo al trabajador una vez acreditada insolvencia.
• Actualizado en 2026: Límites se ajustan anualmente al SMI.

6. Justicia gratuita (Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita)

• Derecho reconocido → En orden social, con independencia de recursos, a trabajadores y beneficiarios de Seguridad Social para defensa de derechos laborales (incluida efectividad en concursos).
• Otros beneficiarios → Víctimas de violencia de género/terrorismo/trata, menores, discapacidad psíquica en ciertos casos.
• Requisitos económicos (para otros casos) → Ingresos brutos anuales por unidad familiar no superiores a:
  • 2 × IPREM (aprox. 14.400 € en 2025-2026, ajustado anualmente).
  • Umbrales superiores en circunstancias excepcionales (familia numerosa, discapacidad, etc.).
• Contenido → Asesoramiento previo, abogado de oficio, procurador si obligatorio, exención tasas y depósitos.
• Solicitud → Ante Colegio de Abogados o Servicios de Orientación Jurídica; se resuelve antes o durante proceso.

Resumen comparativo: