El proceso laboral en España, regulado por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), incorpora mecanismos de evitación del proceso judicial para fomentar la resolución extrajudicial de conflictos. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (entrada en vigor progresiva, con impacto relevante desde abril 2025), ha reforzado la conciliación intrajudicial y la agilización, aunque no altera sustancialmente la conciliación previa administrativa obligatoria en materia laboral (que mantiene su carácter preceptivo en la mayoría de casos individuales).

1. La evitación del proceso: Conciliación previa y reclamación administrativa previa

• Conciliación o mediación previa (arts. 63 a 68 LRJS):
  • Es requisito previo obligatorio (salvo excepciones) para la tramitación de la mayoría de procesos individuales (despido, sanciones, cantidades, extinción contractual, etc.).
  • Se inicia mediante papeleta de conciliación ante el servicio administrativo competente (SMAC o equivalente autonómico) o mediación prevista en convenio colectivo.
  • Plazo: Depende de la acción (ej. 20 días hábiles para despido desde efectos; 1 año para cantidades).
  • Efectos: Interrumpe prescripción y suspende caducidad. Si no se celebra en 30 días hábiles o no hay acuerdo, se considera cumplido el requisito.
  • Resultados: Con avenencia (acuerdo homologable judicialmente, con fuerza ejecutiva); sin avenencia (acta permite demandar); no comparecencia del demandado (se tiene por intentado).
  • Excepciones (art. 64): Tutela derechos fundamentales, procesos de Seguridad Social (salvo prestaciones), conflictos colectivos, etc.
  • La LO 1/2025 no modifica esta fase previa administrativa, pero potencia la conciliación intrajudicial (ver proceso ordinario).
• Reclamación administrativa previa (arts. 69 a 73 LRJS):
  • Obligatoria solo en prestaciones de Seguridad Social o cuando se impugnan actos administrativos (ej. altas/bajas, sanciones administrativas laborales).
  • Agota la vía administrativa antes de judicializar.
  • No se aplica a conflictos entre trabajador y empresa privada (salvo Seguridad Social).
  • En la demanda judicial no pueden alegarse hechos nuevos o variaciones sustanciales respecto a la reclamación previa (art. 72).

2. El proceso ordinario: Demanda, conciliación y juicio (arts. 80 a 100 LRJS)El proceso ordinario es la vía general para reclamaciones de cuantía superior a 2.000 € o no cuantificables (despido, extinción, etc.).

• Demanda (art. 80):
  • Forma: Escrito con identificación partes, hechos, pretensión, cuantía (si procede), documentos y firma.
  • No exige fundamentación jurídica extensa (principio de gratuidad y oralidad).
  • Acompañar acta de intentada conciliación previa.
  • Presentación ante Juzgado de lo Social competente.
• Admisión y señalamiento (arts. 81-82):
  • Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) admite y señala actos de conciliación y juicio (mínimo 10 días entre citación y celebración).
  • Reforma LO 1/2025: Posibilidad de conciliación anticipada (a partir de 10 días desde admisión, con antelación mínima 30 días al juicio). Puede celebrarse separada o sucesivamente del juicio, a instancia de partes o de oficio por LAJ (si ve factible acuerdo por naturaleza del litigio o jurisprudencia similar). Agenda doble para agilizar.
• Conciliación judicial (art. 84):
  • Ante LAJ. Intento de avenencia. Posible acuerdo (homologable como sentencia).
  • Si avenencia, fin del proceso.
• Juicio (arts. 85-89):
  • Oral e inmediato. Comparecencia partes (con o sin letrado/graduado social).
  • Fases: Ratificación demanda + alegaciones previas + proposición y práctica prueba (interrogatorios, testigos, periciales) + conclusiones.
  • Principio de inmediación y concentración (preferentemente un solo acto).
  • Sentencia: Oral (posible por LO 1/2025 en ciertos casos) o escrita en plazo breve.

3. Recursos: de suplicación y de casación, con referencia al recurso de casación para la unificación de doctrina

• Recurso de suplicación (arts. 190 a 204 LRJS):
  • Ordinario de segunda instancia. Conoce Sala de lo Social del TSJ.
  • Ámbito: Sentencias Juzgados de lo Social (cuantía >3.000 € o no cuantificables; excepciones por vulneración derechos fundamentales, etc.).
  • Plazo: 5 días para anunciar; 10 días para interponer.
  • Motivos: Infracción legal, error hecho/prueba, etc.
  • Efectos: Suspensivos en ciertos casos (ej. despido con readmisión).
• Recurso de casación (arts. 205 a 217 LRJS):
  • Extraordinario ante Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
  • Requiere interés casacional (contradicción doctrina, novedad interpretativa, etc.).
  • Plazo: Preparación en 5 días; interposición en 10 días.
  • Motivos tasados (infracción normas sustantivas/aplicación indebida).
• Recurso de casación para la unificación de doctrina (arts. 218 a 228 LRJS):
  • Especial para unificar doctrina contradictoria.
  • Contra sentencias en suplicación contradictorias entre sí o con TS (hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales).
  • Reforma LO 1/2025: Introduce interés casacional objetivo como filtro de acceso (reforzando unidad doctrinal; modifica arts. 219, 221, 224 con remisiones a requisitos casación ordinaria).
  • Legitimación ampliada (Ministerio Fiscal en defensa legalidad, sin contradicción obligatoria en ciertos casos).
  • Plazo: Preparación en 5 días; interposición en 10 días.

4. Disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación (arts. 229-230 LRJS)

• Depósito para recurrir (art. 229): Obligatorio para no trabajadores/SS (salvo asistencia jurídica gratuita). Importes actualizados (ej. 50 € suplicación; 500 € casación; cuantía variable según proceso).
  • Falta → Inadmisión.
• Consignación de cantidad (art. 230): Si sentencia condena a pago, recurrente (no beneficiario AJG) debe consignar o avalar la cantidad al anunciar/preparar recurso.
  • Complemento si aumento en suplicación.
• Otras: Nombramiento letrado/procurador (obligatorio en recursos); admisión documentos nuevos (excepcional); acumulación recursos; costas (principio restrictivo, salvo temeridad); convenio transaccional (posible en cualquier fase).

Resumen comparativo: