Las consecuencias accesorias del delito en el Derecho penal español (Título VI, Libro I del Código Penal, arts. 127 a 129 bis) son medidas que acompañan a la pena principal (o se imponen independientemente en algunos casos), sin considerarse penas propiamente dichas ni medidas de seguridad. Su finalidad es prevenir la continuidad de la actividad delictiva, neutralizar sus efectos y garantizar que el delito no resulte provechoso (principio de no enriquecimiento ilícito). Incluyen el decomiso (principal y más ampliado) y otras como la toma de muestras biológicas para ADN (art. 129 bis, en delitos graves con riesgo de reiteración).

El decomiso (arts. 127 a 127 octies CP – redacción consolidada post-LO 1/2015)

El decomiso es la pérdida definitiva (confiscación por el Estado) de efectos, bienes, medios, instrumentos o ganancias derivados del delito. Introducido como consecuencia accesoria en 1995, experimentó expansiones clave:

• LO 5/2010 (22/06/2010): Incorporó el decomiso en delitos imprudentes (hasta 1 año prisión) y el decomiso ampliado inicial (potestativo en terrorismo y organizaciones criminales).
• LO 1/2015 (30/03/2015, vigente 01/07/2015): Reforma integral (transposición Directiva 2014/42/UE). Crea arts. 127 a 127 octies, con modalidades ampliadas, sin condena, de terceros y por equivalencia. No hay reformas sustanciales posteriores hasta 2026 (salvo ajustes menores en delitos concretos, ej. LO 10/2022 en violencia de género).

Modalidades principales (art. 127 y ss.):

Destino de bienes decomisados → Venta (si lícito comercio) para cubrir responsabilidades civiles; destrucción/inutilización o destino reglamentario (resto); adjudicación al Estado.

Jurisprudencia TS (2024-2025):

Interpretación restrictiva en presunciones (carga prueba en tercero buena fe); proporcionalidad obligatoria; decomiso ampliado como "no sanción penal" sino neutralización enriquecimiento ilícito (evita impunidad en blanqueo/organizada).

Medidas aplicables a las agrupaciones sin personalidad jurídica (art. 129 CP)

Desde la LO 5/2010 (introducción responsabilidad PJ en art. 31 bis), el art. 129 se reserva para entes sin personalidad jurídica (empresas irregulares, grupos, bandas, UTEs sin forma societaria, comunidades de bienes, asociaciones de hecho, etc.) que no entran en art. 31 bis (responsabilidad penal directa de PJ).

Régimen (art. 129.1):

• En delitos cometidos en el seno, con colaboración, a través o por medio de estos entes (cuando CP prevea responsabilidad PJ o se cometa delito imputable a PJ).
• El juez/tribunal podrá imponer motivadamente una o varias consecuencias accesorias a la pena del autor físico.
• Contenido: Letras c) a g) del art. 33.7 (penas PJ): clausura temporal locales/establecimientos (≤5 años), prohibición actividades (temporal/definitiva), intervención judicial (≤5 años), prohibición obtención subvenciones/contratos públicos (≤15 años), etc.

Finalidad: Evitar impunidad en estructuras informales o "pantalla" (sin personalidad, pero con actividad delictiva). No responsabilidad penal directa (no multas como PJ), pero medidas similares a penas PJ para neutralizar peligrosidad.

Excepciones/límites:

• No aplica a entes públicos (art. 31 quinquies).
• Motivación obligatoria (gravedad, vinculación).
• Posible en delitos como corrupción, blanqueo, trata, organizada (donde CP prevé PJ).

En 2026, el sistema es dual: responsabilidad plena para PJ (art. 31 bis ss., con eximente compliance); consecuencias accesorias limitadas pero potentes para sin personalidad (art. 129), cerrando lagunas en delincuencia económica/organizada.