La sustitución de las penas privativas de libertad y la libertad condicional son dos instituciones clave del Código Penal español (Ley Orgánica 10/1995, con reformas hasta 2025) que buscan favorecer la reinserción social, reducir el impacto de la prisión cuando sea posible y evitar el cumplimiento íntegro de penas en casos con buen pronóstico de rehabilitación.

Ambas se regulan en el Título III, Capítulo III ("De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional").

1. Sustitución de las penas privativas de libertad (en sentido amplio: Suspensión de la ejecución – arts. 80 a 87)

Desde la importante reforma de la LO 1/2015, desapareció la antigua "sustitución ordinaria" (antiguo art. 88, ya suprimido) y se unificó todo en un único régimen de suspensión de la ejecución de la pena, con múltiples alternativas y mucha mayor flexibilidad.

Objetivo principal: Evitar la entrada en prisión (o acortarla) cuando sea compatible con la justicia, la seguridad pública y la resocialización del penado.

Requisitos generales para la suspensión ordinaria (art. 80)

• Pena de prisión no superior a 2 años (o a 3 años si es delito leve).
• Delincuente primario (sin antecedentes penales no cancelados, salvo imprudentes o leves).
• Reparación del daño y satisfacción de responsabilidades civiles (puede ser compromiso razonable acorde a la capacidad económica).

Excepcionalmente se puede conceder aunque no se cumplan los requisitos anteriores si:

• Las circunstancias personales/familiares, naturaleza del hecho, conducta posterior y efectos de la suspensión lo aconsejan.
• Enfermedad grave incurable.
• Dependencia de sustancias tóxicas (con tratamiento certificado).

En delitos de violencia de género, violencia doméstica o delitos sexuales, siempre se oye a la víctima/ofendido.

Alternativas que puede imponer el juez durante la suspensión (arts. 82-84)

• Multa.
• Trabajos en beneficio de la comunidad (1 día de trabajo = 1 día de prisión, máximo 1 año).
• Localización permanente (hasta 6 meses).
• Reglas de conducta (art. 83): prohibición de aproximación/comunicación con víctima, residir en determinado lugar, comparecencias periódicas, programas de educación/reeducación/tratamiento/deshabituación, etc.

Duración de la suspensión → Normalmente 2 a 5 años (según gravedad).

Revocación → Si comete nuevo delito doloso durante el plazo, incumple gravemente las condiciones impuestas o proporciona información falsa sobre bienes (art. 86).

2. Sustitución especial para extranjeros (art. 89)

Cuando se impone pena de prisión superior a 1 año a un extranjero (legal o irregular), el juez sustituirá la pena por la expulsión del territorio español (con prohibición de regreso de 5 a 10 años).

• Si la pena >5 años → se puede ejecutar parte antes de expulsar.
• Excepciones: cuando la expulsión sea desproporcionada (arraigo familiar, laboral, social muy consolidado) o en ciertos delitos específicos.

3. Libertad condicional (arts. 90 a 93)

Es la liberación anticipada del penado que ya ha cumplido una parte importante de la condena, bajo condiciones de control y vigilancia, con el objetivo de terminar de cumplir la pena en libertad si mantiene buena conducta.

Requisitos básicos (art. 90)

Concede el Juez de Vigilancia Penitenciaria (tras informe favorable de Instituciones Penitenciarias):

1. Cumplimiento efectivo:
   • Normalmente → 3/4 partes de la condena.
   • Excepcional → 2/3 partes si ha desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales.
   • Adelantado → mitad de la condena en ciertos casos con muy buen pronóstico (actividades + programas de reparación/tratamiento).
2. Buena conducta + esfuerzo en tratamiento/reeducación.
3. Pronóstico favorable de reinserción social.
4. Consentimiento del penado.
5. No riesgo para la víctima.

Excepciones importantes:

• En delitos de terrorismo o criminalidad organizada → requisitos mucho más estrictos (art. 90.8).
• No se concede si no se han satisfecho responsabilidades pecuniarias o reparación del daño a la Administración (delitos contra la Hacienda Pública, corrupción, etc.).

Casos especiales

• Mayores de 70 años o enfermedad grave/muy grave (art. 91): se puede conceder con menos fracción cumplida o incluso de forma muy anticipada si hay peligro para la vida.
• Prisión permanente revisable (art. 92): posible tras 15-35 años según gravedad (con requisitos muy estrictos).

Duración de la libertad condicional → Normalmente 2 a 5 años (puede prorrogarse). Durante este tiempo se aplica libertad vigilada (control electrónico, comparecencias, prohibiciones de aproximación, etc.).

Revocación → Si comete nuevo delito o incumple gravemente las condiciones → vuelve a prisión a cumplir el resto pendiente (el tiempo en libertad condicional no computa como cumplido).

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