La extinción de la responsabilidad criminal y la cancelación de los antecedentes penales se regulan en el Título VII del Libro Primero del Código Penal español (LO 10/1995, consolidado a enero 2026, sin reformas estructurales relevantes en los arts. 130-136 desde la LO 1/2015, con ajustes puntuales en LO 8/2021, LO 4/2023 y otras normas).

Estas instituciones buscan finalizar los efectos penales de la condena una vez cumplidos ciertos requisitos, favoreciendo la reinserción social y la proporcionalidad (art. 25.2 CE), sin afectar la responsabilidad civil derivada del delito (que persiste).

1. Extinción de la responsabilidad criminal (art. 130 CP)

La extinción produce la desaparición de las consecuencias jurídico-penales del delito (pena, medidas de seguridad, reincidencia, etc.), pero no extingue la responsabilidad civil ni las costas.

Causas principales (art. 130.1):

• Muerte del reo → extingue todo (pena, medida de seguridad); no afecta RC civil.
• Cumplimiento íntegro de la pena (incluye accesorias y multas).
• Remisión definitiva de la pena (art. 58.2, en ciertos casos de indulto o rehabilitación).
• Amnistía (por ley orgánica).
• Indulto (concedido por el Rey a propuesta del Gobierno; no aplica a terrorismo grave salvo excepciones).
• Perdón expreso del ofendido (solo en delitos leves o perseguibles a instancia de parte, antes de sentencia; no en delitos contra menores o personas con discapacidad en bienes jurídicos personales, ni en violencia de género/sexual grave).
• Prescripción del delito (art. 131) o de la pena (art. 134).
• Otras: rehabilitación (arts. 127 ss.), transformación de personas jurídicas (no extingue, se traslada a la entidad resultante con posible moderación judicial).

Efectos: extingue reincidencia, agravantes por antecedentes, inhabilitaciones accesorias, etc. La extinción no implica automáticamente la cancelación de antecedentes (requiere plazos adicionales).

2. Cancelación de los antecedentes penales (art. 136 CP)

Los antecedentes penales son inscripciones en el Registro Central de Penados (y en el de Sentencias de Menores) que constan tras sentencia firme. Su cancelación extingue definitivamente los efectos accesorios (no computan en reincidencia, no impiden oposiciones públicas salvo excepciones, etc.).

Requisitos generales (art. 136.1):

• Extinción previa de la responsabilidad criminal.
• Transcurso de plazos sin volver a delinquir (desde el día siguiente a la extinción efectiva de la pena; computa desde cumplimiento íntegro, no desde beneficios como libertad condicional).
• Solicitud al Ministerio de Justicia (de oficio o a instancia de parte); previo informe del juez/tribunal sentenciador si procede.
• No exige pago de RC civil desde la LO 1/2015 (eliminado requisito anterior).

Plazos actuales (sin delinquir de nuevo):

• Casos especiales:
  • Por rehabilitación (comportamiento ejemplar): reducción hasta mitad del plazo (mínimo 1/3 pena cumplida).
  • Indulto parcial: reducción proporcional.
  • Personas jurídicas: plazos similares (art. 136.6).
  • Si requisitos cumplidos pero no cancelado → juez/tribunal no los tiene en cuenta en nuevos procedimientos (art. 136.5).
• Efectos: Antecedentes dejan de producir efectos (no computan reincidencia art. 22.8 ni agravantes art. 66.5); inscripciones no públicas; certificados limitados.

3. Breve referencia al Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos

Creado por RD 1110/2015 (modificado por RD 407/2024 de 23/04/2024), es un registro no público y gratuito, dependiente del Ministerio de Justicia, que recoge datos de condenados en sentencia firme por:

• Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (arts. 178-194 CP).
• Trata de seres humanos (art. 177 bis CP), con independencia de la finalidad (no solo sexual) y edad de la víctima.

Finalidad principal: Protección integral de menores y vulnerables (LO 8/2021 de protección a la infancia frente a la violencia). Facilita certificados negativos obligatorios para profesiones/actividades con contacto habitual con menores (educación, ocio, voluntariado, etc.), solicitables por   Empresas/instituciones/colegios profesionales con consentimiento del interesado.

Cancelación de inscripciones: Sigue reglas generales del art. 136 CP, excepto cuando la víctima sea menor de edad y el condenado mayor: plazo de 30 años desde cumplimiento de la pena (sin delinquir). Incluye perfil genético, penas y medidas de seguridad.