Los delitos contra las relaciones familiares se regulan en el Título XII del Libro II del Código Penal español (arts. 217 a 233), protegiendo el orden familiar, la filiación, el estado civil y los derechos y deberes familiares derivados de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento (art. 39 CE).

El bien jurídico principal es la estabilidad de las relaciones familiares y la protección de menores/personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

El Título se divide en tres capítulos, sin reformas estructurales relevantes en los tipos básicos desde 2021 (LO 8/2021 reforzó protección de menores en arts. 220, 223-225, 225 bis, 229-232, pero la estructura se mantiene vigente en 2026).

Capítulo I: De los matrimonios ilegales (arts. 217-219)

Estos delitos protegen la validez del estado civil matrimonial y evitan uniones prohibidas o fraudulentas.

• Bigamia (art. 217): Contraer segundo o ulterior matrimonio a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior.
  • Pena: prisión de 6 meses a 1 año.
  • No aplica si el matrimonio previo es inválido o disuelto; perseguible previa denuncia del agraviado.
• Matrimonio inválido para perjudicar (art. 218): Contraer matrimonio nulo o anulable con conocimiento de la causa de invalidez, con ánimo de perjudicar al otro contrayente.
  • Pena: prisión de 6 meses a 2 años.
  • Exento si se convalida posteriormente.
• Autorización de matrimonio ilegal (art. 219): Autoridad o funcionario que autorice matrimonio con causa de nulidad conocida o denunciada.
  • Pena: prisión de 6 meses a 2 años + inhabilitación especial para empleo/cargo público de 2 a 6 años (o suspensión 6 meses-2 años si dispensable).

Estos delitos son privados (requieren denuncia del agraviado/representante).

Capítulo II: De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor (arts. 220-222)

Protegen la filiación y el estado civil del menor, evitando alteraciones fraudulentas que afecten su identidad y derechos.

• Suposición de parto (art. 220.1): Fingir alumbramiento inexistente (atribuir hijo ajeno/muerto como propio).
• Ocultación/entrega de hijo (art. 220.2): Ocultar o entregar a terceros un hijo para alterar/modificar su filiación.
• Sustitución de niño (art. 220.3): Sustituir dolosamente un niño por otro.
• Pena base (art. 220): Prisión de 6 meses a 3 años.
  • Atenuante por imprudencia: arresto de 3 a 6 meses o multa de 3 a 6 meses.
  • Agravante: Inhabilitación especial para patria potestad/guarda/tutela/curatela/acogimiento de 4 a 10 años (si cometida por ascendientes/adoptivos).
• Entrega compensada de menor (art. 221): Entregar (mediando compensación económica) a hijo/descendiente/menor a tercero, eludiendo procedimientos legales de guarda/acogimiento/adopción, para establecer relación análoga a filiación. Incluye receptor e intermediario (incluso en extranjero).
  • Pena: prisión de 1 a 5 años + inhabilitación para patria potestad/tutela/curatela/guarda/acogimiento de 4 a 10 años.
  • Agravante: Uso de guarderías/colegios → inhabilitación 2-6 años + clausura temporal (hasta 5 años) o definitiva.
• Agravante por cargo/profesión (art. 222): Si comete las conductas de arts. 220-221 un educador, facultativo (médico, matrona, personal sanitario), autoridad o funcionario público en ejercicio de su profesión/cargo.
  • Pena: Igual que base + inhabilitación especial para empleo/cargo/profesión/oficio de 2 a 6 años.

Estos delitos suelen perseguirse de oficio cuando afectan menores; frecuentes en contextos de adopciones irregulares o tráfico de menores.

Capítulo III: De los delitos contra los derechos y deberes familiares (arts. 223-233)

Dividido en tres secciones, protege el cumplimiento de obligaciones familiares, especialmente hacia menores/vulnerables.

Sección 1ª: Quebrantamiento de deberes de custodia e inducción al abandono (arts. 223-225)

• No presentación de menor/discapacitado (art. 223): No presentar a padres/guardadores cuando requerido, sin justificación.
  • Pena: prisión de 6 meses a 2 años.
• Inducción al abandono (art. 224): Inducir a menor/discapacitado a abandonar domicilio/residencia; o progenitor inducir infracción de régimen de custodia.
  • Pena: prisión de 6 meses a 2 años.
• Atenuante por restitución voluntaria (art. 225): Si ausencia ≤24 horas, lugar comunicado y sin vejaciones/peligro → prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses.

Sección 2ª: Sustracción de menores (art. 225 bis)

• Sustracción por progenitor (art. 225 bis.1): Trasladar/retenar menor sin causa justificada, incumpliendo resolución judicial/administrativa de custodia.
  • Pena: prisión de 2 a 4 años + inhabilitación para patria potestad de 4 a 10 años.
  • Agravante: Traslado fuera de España o exigencia de condiciones → mitad superior.
  • Exención: Comunicación/devolución inmediata (24 h) o restitución en 15 días → sin pena o inferior.

Sección 3ª: Abandono de familia, menores o personas con discapacidad (arts. 226-233)

• Abandono de familia (art. 226): Omitir asistencia (patria potestad/tutela/guarda/acogimiento) a descendientes/ascendientes/cónyuge necesitados.
  • Pena: prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses + posible inhabilitación 4-10 años.
• Impago de pensiones (art. 227): Incumplir ≥2 meses consecutivos o ≥4 no consecutivos prestaciones económicas judiciales.
  • Pena: prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses.
  • Reparación: Obliga pago adeudado.
• Abandono propio/impropio (arts. 229-231): Dejar desamparado menor/discapacitado; entrega sin anuencia.
  • Penas: prisión de 1 a 4 años (según gravedad y peligro concreto).
• Utilización para mendicidad (art. 232): Explotar menor/discapacitado para mendicidad (incluso encubierta).
  • Pena: prisión de 6 meses a 1 año (agravada 1-4 años si violencia/tráfico).
• Inhabilitación común (art. 233): Posible inhabilitación especial para patria potestad/guarda/tutela/curatela/acogimiento de 4 a 10 años (si oportuno por circunstancias del menor); + inhabilitación empleo/cargo si funcionario.

Resumen comparativo de penas principales (vigente en 2026)

Estos delitos priorizan la protección de menores y vulnerables (LO 8/2021 reforzó accesorios). La jurisprudencia del TS enfatiza la necesidad de dolo específico y la proporcionalidad en impagos/sustracciones.