Los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico continúan regulados en el Título XIII del Libro II del Código Penal español (arts. 234 a 304), con protección al patrimonio individual y al orden socioeconómico (crédito, ejecución judicial, libre concurrencia en subastas, integridad de sistemas informáticos). No han sufrido reformas estructurales relevantes en estos capítulos desde la LO 1/2015 (frustración ejecución e insolvencias punibles) y LO 5/2010/LO 1/2015 (daños informáticos/sabotaje), con ajustes menores en 2022-2023 (LO 14/2022 en art. 262) y sin cambios significativos hasta enero de 2026.

Frustración de la ejecución: Alzamiento de bienes y utilización de bienes embargados (Capítulo VII: arts. 257-258 ter)

Estos delitos protegen la eficacia del crédito y la ejecución judicial/administrativa frente a conductas que dilaten, dificulten o impidan el cobro (separados de insolvencias punibles desde LO 1/2015).

• Alzamiento de bienes (art. 257):
  • Conducta: Alzarse con bienes en perjuicio de acreedores; realizar actos de disposición, contraer obligaciones que disminuyan patrimonio u ocultar elementos sobre los que podría hacerse efectiva ejecución (judicial, extrajudicial o administrativa, iniciada o previsible), con finalidad de eludir pago.
  • Pena base: Prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses.
  • Agravantes (mitad superior o grado superior): Importe fraude >50.000 €; deuda pública/Hacienda/SS (prisión 1 a 6 años, multa 12 a 24 meses); elevado número de personas afectadas o perjuicio general grave.
  • Especial: Aplica a derechos económicos de trabajadores; perseguible incluso si inicia procedimiento concursal posterior.
  • Tipo específico (art. 257.2): Eludir responsabilidades civiles derivadas de delito cometido.
• Frustración atenuada / Ocultación en procedimiento (art. 258): Presentar relación de bienes incompleta o mendaz en ejecución judicial/administrativa, o incumplir requerimiento de facilitarla, dilatando/dificultando pago.
  • Pena: Prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses.
  • No perseguible si corrige voluntariamente antes descubrimiento.
• Utilización no autorizada de bienes embargados (art. 258 bis, añadido 2015): Usar bienes embargados en depósito sin autorización del depositario/autoridad.
  • Pena: Prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses.
• Responsabilidad personas jurídicas (art. 258 ter): Multa elevada + posibles clausuras/intervenciones si incumple art. 31 bis.

Insolvencias punibles (Capítulo VII bis: arts. 259-261)

Tipifican fraudes en situación de insolvencia actual o inminente (declarada o previsible), con ocultación, falseamiento o favorecimiento ilícito.

• Insolvencia punible (art. 259): Ocultar/destruir bienes, actos disposición sin justificación, operaciones below coste, simulación créditos, incumplimiento contabilidad, etc., causando insolvencia/perjuicio.
  • Pena base: Prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses (imprudencia: 6 meses-2 años prisión + multa 12-24 meses).
  • Agravante (art. 259 bis): Perjuicio >600.000 € o mayoría créditos Hacienda/SS → 2 a 6 años prisión + multa 8 a 24 meses.
• Favorecimiento de acreedores (art. 260): Actos no justificados en insolvencia; pagos pospuestos tras solicitud concurso sin autorización.
  • Pena: Prisión de 6 meses a 3 años o multa de 8 a 24 meses (pagos pospuestos: 1 a 4 años + multa 12 a 24 meses).
• Presentación de datos falsos (art. 261): Datos falsos en procedimiento concursal para lograrlo indebidamente.
  • Pena: Prisión de 1 a 2 años y multa de 6 a 12 meses.

Alteración de precios en concursos y subastas públicas (Capítulo VIII: art. 262)

Protege la libre concurrencia y formación de precios en procedimientos públicos/judiciales.

• Conductas (art. 262.1): Solicitar dádivas/promesas para no participar; alejar postores por amenazas/dádivas/artificios; concertarse para alterar precio remate; quebrar/abandonar subasta tras adjudicación fraudulentamente.
  • Pena: Prisión de 1 a 3 años, multa de 12 a 24 meses + inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales de 3 a 5 años.
• Agravante público (art. 262.2): Si convocados por Administraciones/entes públicos → inhabilitación adicional 3 a 5 años para contratar con público (agente + representada).
• Organización criminal (art. 262.3, añadido LO 14/2022): Consecuencias art. 129 (disolución, suspensión actividades, etc.).

Los daños: Sabotaje informático (Capítulo IX: arts. 264 a 264 quater)

Protege integridad, disponibilidad y funcionamiento de sistemas/datos informáticos (transposición Directiva UE 2013/40; añadidos LO 1/2015).

• Daños informáticos (art. 264): Borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos/programas/documentos electrónicos ajenos sin autorización y de manera grave.
  • Pena base: Prisión de 6 meses a 3 años.
  • Agravantes (mitad superior o grado superior): Organización criminal; daños graves/especiales; afectación servicios públicos/esenciales/infraestructuras críticas/seguridad Estado/UE; uso medios art. 264 ter; utilización ilícita datos personales para acceso/confianza.
• Obstaculización/interrupción sistemas (art. 264 bis): Obstaculizar/interrumpir funcionamiento sistemas ajenos (por conductas art. 264, introducción/transmisión datos, destrucción/sustitución sistemas).
  • Pena base: Prisión de 6 meses a 3 años.
  • Agravantes: 3 a 8 años + multa triple/décuplo si graves; mitad superior por datos personales ilícitos.
• Herramientas para sabotaje (art. 264 ter): Producir/adquirir/importar/facilitar programas/contraseñas/códigos concebidos/adaptados para delitos arts. 264/264 bis.
  • Pena: Prisión de 6 meses a 2 años o multa de 3 a 18 meses.
• Responsabilidad personas jurídicas (art. 264 quater): Multas 2-5 años/quíntuplo a 12x perjuicio si pena >3 años; 1-3 años/triple a 8x resto + clausuras/intervenciones.

Resumen comparativo de penas principales (vigente en 2026)