Los delitos societarios se regulan en el Capítulo XIII del Título XIII del Libro II del Código Penal español (arts. 290 a 297), protegiendo la correcta administración de las sociedades, el patrimonio societario, los intereses de los socios (especialmente minoritarios) y de terceros, frente a abusos de poder o infidelidades cometidos por administradores (de derecho o de hecho), socios mayoritarios o personas con funciones equivalentes.

Estos son delitos especiales propios (sujeto activo cualificado), semipúblicos (perseguibles mediante denuncia del agraviado o representante, art. 296), y se aplican a "sociedades" en sentido amplio (art. 297: sociedades mercantiles, cooperativas, cajas de ahorros, mutuas, entidades financieras/crédito, fundaciones u otras entidades análogas con vocación empresarial permanente en el mercado, incluidas en formación).

El artículo 295 fue suprimido por la LO 1/2015 (30/03/2015), pasando la administración desleal a ser delito común (art. 252 CP, Capítulo VI del mismo Título XIII).

Clases principales de delitos societarios (vigentes en 2026)

1. Falsedad en las cuentas anuales u otros documentos (art. 290 CP)
   • Conducta: Administrador que falsea cuentas anuales, libros u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica/económica de la sociedad (constituida o en formación), de modo idóneo para causar perjuicio a la sociedad, socios o terceros.
   • Pena: Prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
   • No requiere perjuicio efectivo (basta idoneidad); consumado con la falsedad grave.
2. Imposición de acuerdos sociales abusivos (art. 291 CP)
   • Conducta: Imponer o votar acuerdos sociales (junta/administración) abusivos, perjudiciales para la sociedad o socios minoritarios, aprovechando mayoría.
   • Pena: Prisión de 6 meses a 3 años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.
3. Imposición de acuerdos sociales lesivos (art. 292 CP)
   • Conducta: Imponer acuerdos lesivos para la sociedad (ej. contratos ruinosos, beneficios personales excesivos) o aprovecharse de ellos (para sí o tercero).
   • Pena: Prisión de 6 meses a 3 años o multa del tanto al triplo.
4. Impedir ejercicio de derechos societarios (art. 293 CP)
   • Conducta: Negar o impedir injustificadamente a socio el ejercicio de derechos básicos (información, inspección libros, voto, etc.).
   • Pena: Prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses.
5. Impedir o dificultar actuaciones inspectoras (art. 294 CP)
   • Conducta: Administrador que niega o impide (sin causa legal) supervisión/inspección de órganos competentes (CNMV, Banco de España, etc.) en sociedades sometidas a supervisión.
   • Pena: Prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses.

Estos delitos suelen concurrir con estafa, administración desleal (art. 252), falsedades documentales o insolvencias punibles; la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige dolo específico (ánimo de perjudicar o beneficiarse indebidamente) y perjuicio idóneo.

La receptación y el blanqueo de capitales (Capítulo XIV: arts. 298 a 304)

Estos delitos protegen el orden socioeconómico frente al aprovechamiento de bienes de origen delictivo.

• Receptación (art. 298 CP)
  • Conducta: Con ánimo de lucro y conocimiento de la procedencia ilícita (sin haber participado como autor/cómplice), ayudar a los responsables a aprovecharse de los efectos de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico (recibir, adquirir, ocultar, transmitir, etc.).
  • Pena base: Prisión de 6 meses a 2 años.
  • Agravantes: Mitad superior si bienes de valor artístico/histórico/cultural/científico, primera necesidad, infraestructuras críticas, productos agrarios/ganaderos, o especial gravedad (valor/perjuicios).
  • Límite: Pena no superior al delito precedente.
  • Diferencia clave con blanqueo: Requiere delito previo patrimonial/socioeconómico + ánimo de lucro propio + no participación previa.
• Blanqueo de capitales (arts. 301 a 304 CP)
  • Conducta: Adquirir, poseer, usar, convertir, transmitir o realizar cualquier acto para ocultar/encubrir el origen ilícito de bienes/money procedentes de cualquier delito (incluye propio), o ayudar a integrar en economía legal.
  • Pena base (art. 301): Prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor.
  • Agravantes (art. 302): Mitad superior si habitual, organización criminal, cuantía elevada, perjuicio grave.
  • Imprudente (art. 301.2): Prisión de 6 meses a 2 años y multa (si no se toman precauciones razonables).
  • Diferencia clave con receptación: Delito previo cualquiera (no solo patrimonial), no requiere ánimo de lucro específico (basta integración aparente lícita), permite origen propio (autoblanqueo), y protege más ampliamente el sistema financiero/económico.

Ambos son públicos (de oficio); blanqueo tiene mayor alcance y penas superiores en casos graves.

Delitos de financiación ilegal de partidos políticos (Título XIII bis: arts. 304 bis y 304 ter)

Introducidos por LO 1/2015 (30/03/2015) para penalizar irregularidades graves en financiación de partidos (antes solo administrativas por LO 8/2007).

• Tipo básico (art. 304 bis): Financiar ilegalmente partidos políticos (o formaciones, federaciones, coaliciones, agrupaciones) incumpliendo prohibiciones o límites de la LO 8/2007 (donaciones anónimas >100 €, procedencia extranjera, empresas con contratos públicos, límites cuantitativos, etc.), o falsear contabilidad para ocultar origen/destino.
  • Pena: Prisión de 1 a 4 años, multa del tanto al triplo del importe, inhabilitación especial para sufragio pasivo 2 a 9 años (y posible para cargo público).
  • Agravantes: Cuantía elevada, habitualidad, perjuicio grave a transparencia democrática.
• Responsabilidad personas jurídicas (art. 304 ter): Multa elevada + posibles clausuras/intervenciones si partido o entidad relacionada.