Los temas que mencionas corresponden al Título XIX del Código Penal español (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, con reformas posteriores, vigente en enero de 2026), titulado "Delitos contra la Administración Pública". Este título protege el correcto funcionamiento de la Administración, la imparcialidad, la legalidad y la confianza ciudadana en las instituciones públicas. La mayoría de estos delitos son delitos especiales propios, es decir, solo pueden cometerlos autoridades o funcionarios públicos (concepto amplio que incluye empleados públicos, interinos, etc., art. 24 CP).El título se estructura en varios capítulos, y los que enumeras corresponden exactamente a los primeros cuatro capítulos (arts. 404 a 417 aproximadamente, según la redacción consolidada actual):

Capítulo I: De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos (arts. 404 a 406)

El delito estrella de este título: castiga el quebrantamiento grave del principio de legalidad por parte de quien ejerce poder público.

• Artículo 404 (prevaricación administrativa clásica): La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare resolución arbitraria en asunto administrativo.
  Pena: inhabilitación especial para empleo o cargo público de 9 a 15 años (en la práctica, la prisión suele quedar suspendida o sustituida, pero la inhabilitación es la pena nuclear y muy grave).
  Requiere dolo directo (conciencia plena de la injusticia); no cabe dolo eventual según la mayoría de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
• Artículo 405: Prevaricación en la contratación o nombramiento de personal sin cumplir requisitos legales. Pena similar o algo inferior.
• Artículo 406: Modalidades específicas (ej. prevaricación en ámbito militar o informático). Penas de prisión de 1 a 4 años + inhabilitación.

Capítulo II: Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos (arts. 407 a 409)

Castiga la dejación intencionada de funciones o la pasividad ante delitos.

• Artículo 407: Abandono de destino para no impedir o perseguir delitos graves (de los Títulos XXI a XXIV, como homicidio, lesiones, etc.). Pena: prisión de 1 a 4 años + inhabilitación absoluta de 6 a 10 años.
• Artículo 408: Omisión del deber de perseguir delitos que se conocen en el ejercicio del cargo (no denunciar o no impulsar la persecución). Pena: inhabilitación especial de 6 meses a 2 años (agravada si causa perjuicio grave: prisión de 3 a 6 años).
• Artículo 409: Promover o inducir el abandono ilegal del servicio. Pena: multa y suspensión de empleo.

Capítulo III: De la desobediencia y denegación de auxilio (arts. 410 a 412)

Protege la eficacia de las órdenes legítimas y la colaboración entre poderes públicos.

• Artículo 410: Desobediencia grave a resoluciones, disposiciones o mandatos legítimos de autoridad superior. Pena: multa de 3 a 12 meses y suspensión de empleo de 3 meses a 1 año (o prisión en casos graves).
• Artículo 411: Desobediencia a sentencias u órdenes judiciales. Pena: prisión de 3 meses a 1 año o multa.
• Artículo 412: Denegación de auxilio debido (por ejemplo, no prestar colaboración requerida por la justicia o fuerza pública). Pena: multa y suspensión o inhabilitación especial (más grave si se evita la persecución de delitos contra la vida o integridad).

Capítulo IV: De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos (arts. 413 a 417)

Protege la integridad y confidencialidad de la documentación y la información pública/reservada.

• Artículo 413: Infidelidad en la custodia: sustracción, destrucción, inutilización u ocultación de documentos o efectos confiados por razón del cargo. Pena: prisión de 1 a 4 años + multa + inhabilitación especial de 3 a 6 años.
• Artículo 414: Destrucción o inutilización de sistemas de acceso restringido. Pena: prisión de 6 meses a 1 año o multa.
• Artículo 415: Acceso no autorizado a documentos o sistemas reservados. Pena: multa o prisión (agravada si hay daño).
• Artículo 417 (violación de secretos): Revelación de secretos o informaciones reservadas conocidos por razón del cargo (sin perjuicio grave: multa; con perjuicio o difusión pública: prisión de 1 a 4 años + inhabilitación).