Los temas que mencionas —cohecho, tráfico de influencias y malversación— corresponden a los capítulos V, VI y VII del Título XIX del Código Penal español ("Delitos contra la Administración Pública", arts. 419 a 435 aproximadamente, en la redacción consolidada vigente en enero de 2026, tras la importante reforma introducida por la LO 14/2022, de 22 de diciembre, que afectó principalmente a la malversación, y sin cambios estructurales relevantes posteriores en estos delitos).Estos delitos forman parte del núcleo de la corrupción pública: protegen la imparcialidad, la probidad y el correcto uso del patrimonio público por parte de autoridades y funcionarios (delitos especiales propios, aunque el cohecho y el tráfico admiten participación de particulares).

Capítulo V: Del cohecho (arts. 419 a 427)

El cohecho (soborno) castiga la corrupción mediante dádivas, favores o promesas para alterar el ejercicio del cargo.

• Cohecho pasivo (funcionario que solicita, acepta o recibe dádiva/favor para realizar acto contrario a sus deberes, o para no realizarlo/retrasarlo injustificadamente):
  Pena básica: prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 3 a 6 años (agravada si es grave o reiterado).
• Cohecho activo (particular que ofrece o da la dádiva):
  Pena: prisión de 6 meses a 3 años (o inferior según grado) + multa proporcional al beneficio.
• Modalidades agravadas: En licitaciones públicas, cohecho propio (autobribery), político, en causas penales, o con funcionarios extranjeros/UE/internacionales (extensivo desde reformas recientes).
  Agravantes comunes: cuantía elevada, reiteración o pertenencia a organización → aumento de pena en uno o dos grados.
  También se castiga la tentativa como consumado en muchos casos.

Es uno de los delitos más perseguidos en casos de corrupción política y administrativa, con responsabilidad penal de personas jurídicas posible.

Capítulo VI: Del tráfico de influencias (arts. 428 a 430)

Castiga el abuso de posición o relaciones para influir indebidamente en otro funcionario y obtener resolución favorable con beneficio económico (directo o indirecto).

• Tipo básico (funcionario que influye prevaliéndose de su cargo o relación jerárquica/personal):
  Pena: prisión de 6 meses a 2 años, multa del tanto al duplo del beneficio e inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo de 5 a 9 años (si no se obtiene la resolución: pena inferior).
• Por precio o ventaja (agravado): prisión de 2 a 5 años + multa del duplo + prohibición de contratar con el sector público, pérdida de subvenciones/beneficios fiscales/SS por 6 a 10 años.
• Particular que influye (usando relación personal): Pena similar al básico, con prohibiciones de contratar público por 6-10 años.

Requiere ánimo de beneficio económico (no basta influencia política sin lucro). Es delito de mera actividad (no exige éxito), y muy frecuente en casos de "puertas giratorias" o redes clientelares.

Capítulo VII: De la malversación (arts. 432 a 435, con reforma clave de LO 14/2022)

La malversación protege el patrimonio público contra apropiación, uso indebido o distracción por autoridad/funcionario.

La reforma de diciembre 2022 (vigente desde enero 2023) recuperó distinciones previas a 2015, diferenciando niveles de gravedad y rebajando penas en supuestos sin ánimo de lucro o sin apropiación definitiva (para evitar desproporción, pero generando debate por posible "despenalización" en casos presupuestarios o de uso temporal).

• Malversación propia/apropiación (art. 432): Con ánimo de lucro, se apropia o consiente que tercero se apropie de patrimonio público.
  Pena básica: prisión de 2 a 6 años + inhabilitación especial de 6 a 10 años (agravada por cuantía >250 €, perjuicio grave >50.000 €, bienes culturales/calamidad: 4 a 8 años + inhabilitación 10-20 años; si >2.000.000 €: inhabilitación absoluta).
• Malversación de uso temporal (art. 432 bis, nuevo en 2022): Destina bienes públicos a usos privados sin ánimo de apropiárselo (y reintegra en 10 días): prisión de 6 meses a 3 años + suspensión de empleo de 1 a 4 años (si no reintegra: penas del 432).
• Malversación presupuestaria/desvío (art. 433): Destina a fines públicos distintos o gastos de difícil justificación: prisión de 1 a 4 años + inhabilitación (penas menores si leve).
• Imprudente (art. 433): Por negligencia grave: prisión de 6 meses a 2 años.

Incluye falseamiento contable (art. 433 bis) y agravantes por cuantía/perjuicio. El decomiso es obligatorio (art. 127 y ss.), y el Estado responde civilmente subsidiario.En resumen, estos tres delitos son pilares de la lucha contra la corrupción en España: el cohecho ataca el soborno directo, el tráfico de influencias el abuso relacional con lucro, y la malversación (tras 2022) distingue entre corrupción grave (apropiación) y usos indebidos menos lesivos (con penas más proporcionales). Las penas suelen incluir inhabilitaciones largas (lo más grave en la práctica) y multas proporcionales.