Los temas que mencionas corresponden a los capítulos VIII y IX del Título XIX del Código Penal español ("Delitos contra la Administración Pública", arts. 436 a 444 aproximadamente, en la redacción consolidada vigente en enero de 2026, tras la reforma por LO 14/2022, de 22 de diciembre, que introdujo novedades relevantes en el capítulo VIII, incluyendo el nuevo delito de enriquecimiento ilícito o incremento patrimonial injustificado).Estos capítulos protegen la probidad, la imparcialidad y la transparencia en el ejercicio de funciones públicas, castigando abusos que generen perjuicio al erario o a terceros, o que impliquen conflictos de intereses y enriquecimientos injustificados.

Capítulo VIII: De los fraudes y exacciones ilegales (arts. 436 a 438 bis)

Castiga conductas fraudulentas o abusivas que perjudican el patrimonio público o exigen pagos indebidos.

• Artículo 436 — Fraude cometido por funcionario público: A sabiendas, causa perjuicio patrimonial a la Administración mediante engaño, abuso de posición o concertación con interesados (en contratación, liquidaciones, subvenciones, ayudas UE, etc.).
  Pena básica: prisión de 6 meses a 3 años, multa e inhabilitación especial (6 meses a 10 años). Agravada (perjuicio >100.000 € o grave): 2 a 6 años.
• Artículo 437 — Exacciones ilegales: Funcionario que exige o consiente dádivas/beneficios indebidos, o cobra derechos, tarifas o minutas no debidos o en cuantía superior a la legal.
  Pena: prisión de 6 meses a 3 años, inhabilitación especial (6 meses a 2 años), multa (6-24 meses) y suspensión (6 meses a 4 años). Incluye reintegro de lo cobrado.
• Artículo 438 — Abuso de cargo para cometer estafa o fraude (ej. en prestaciones de Seguridad Social): Penas de estafa/fraude en mitad superior o grado superior, más inhabilitación especial de 3 a 9 años.
• Artículo 438 bis — Enriquecimiento ilícito (o incremento patrimonial injustificado, introducido por LO 14/2022): Autoridad pública (no funcionario ordinario) que, durante el ejercicio del cargo o hasta 5 años después de cesar, obtiene incremento patrimonial o cancelación de deudas >250.000 € sin poder justificarlo, y niega o incumple requerimientos de comprobación por organismos competentes (modelo de "desobediencia" para compatibilizar con presunción de inocencia).
  Pena: prisión de 6 meses a 3 años, multa del tanto al triplo del beneficio e inhabilitación especial de 2 a 7 años.
  
   
• Es una figura de vanguardia (inspirada en recomendaciones ONU y UE), no un delito de mera sospecha, sino de incumplimiento ante requerimiento. Muy debatida por posibles tensiones con el derecho a no autoincriminarse, pero vigente y aplicable en casos de patrimonios desproporcionados sin justificación.

Estos delitos suelen conllevar decomiso obligatorio (art. 127 y ss.) y responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Capítulo IX: De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función (arts. 439 a 444)

Prohíbe conflictos de intereses, uso indebido de información y abusos en el cargo (incluye revelación de secretos, tráfico de influencias agravado y solicitaciones sexuales en contexto administrativo).

• Artículo 439 — Negociaciones prohibidas: Funcionario que se aprovecha de su intervención obligada en contratos/asuntos para forzar/facilitar participación directa o interpuesta (por sí o tercero).
  Pena: prisión de 6 meses a 2 años, multa (12-24 meses) e inhabilitación especial (1-3 años, o 2-7 en casos graves).
• Artículo 440 — Actividades prohibidas en contratos/concesiones: Interés personal o de terceros en asuntos en que interviene (extensivo a peritos, árbitros, tutores, etc.).
  Pena: prisión de 1 a 3 años, inhabilitación absoluta (2-10 años) y multa.
• Artículo 441 — Revelación de secretos: Divulgar información confidencial obtenida por el cargo.
  Pena: prisión de 6 meses a 2 años + multa.
• Artículo 442 — Tráfico de influencias agravado o uso de información privilegiada: Uso de influencias o secretos para beneficio económico propio/tercero (agravado si daño grave).
  Pena: prisión de 1 a 4 años (o 1-6 agravado), multa (del tanto al séxtuplo) e inhabilitación (2-6 o 9-12 años).
• Artículo 443 — Abusos específicos: Incluye solicitaciones sexuales a personas con pretensiones pendientes ante la Administración o bajo guarda (ej. centros de detención).
  Pena: prisión de 1 a 2 años + inhabilitación absoluta (6-12 años).
• Artículo 444 — Responsabilidad de personas jurídicas: Extiende penas a entidades que faciliten estos delitos por falta de modelos de prevención.