Los temas que mencionas corresponden al Título XX del Código Penal español (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, con reformas posteriores, consolidado y vigente en enero de 2026), titulado "Delitos contra la Administración de Justicia". Este título protege el correcto funcionamiento de la justicia, la imparcialidad judicial, la eficacia de la persecución penal y la confianza en el sistema judicial como pilar del Estado de Derecho.Los delitos que enumeras se regulan en los primeros cuatro capítulos del título (arts. 446 a 455 aproximadamente), y son delitos especiales propios (principalmente cometidos por jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales u otros funcionarios de justicia, aunque algunos admiten autores particulares).

Capítulo I: De la prevaricación (arts. 446 a 449)

La prevaricación judicial castiga al juez o magistrado que, a sabiendas de su injusticia, dicta resoluciones arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley. Se distingue claramente de la prevaricación administrativa (art. 404 CP, en el Título XIX), ya que aquí el sujeto activo es judicial y las penas son más graves por el impacto en derechos fundamentales (como el juez predeterminado por la ley o la tutela efectiva).

• Artículo 446 (prevaricación dolosa básica): Dictar sentencia o resolución (prejudicial, interlocutoria o definitiva) injusta a sabiendas.
  Pena: prisión de 1 a 4 años + inhabilitación absoluta de 10 a 20 años (mitad superior de prisión + multa de 12 a 24 meses si se ejecuta en delitos graves o menos graves; penas menores en leves).
• Artículo 447 (prevaricación por imprudencia grave o ignorancia inexcusable): Resolución manifiestamente contraria a la ley por negligencia grave.
  Pena: inhabilitación especial de 2 a 6 años (más leve que la dolosa).
• Artículo 448: Incluye retardo malicioso (provocado para finalidad ilegítima).
  Pena: similar a la básica, con agravantes.
• Artículo 449: Otras modalidades (ej. ejecución de sentencia injusta o negación injustificada de juzgar).

Requiere dolo directo ("a sabiendas"); la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige arbitrariedad notoria e incompatible con el ordenamiento (no mera ilegalidad). Es delito muy grave, con inhabilitaciones largas que suelen ser la sanción principal.

Capítulo II: De la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución (art. 450)

Castiga a jueces, fiscales o funcionarios de justicia que, conociendo un delito, omiten intencionadamente impedir su comisión o promover su persecución (denuncia, impulso procesal, etc.).

• Artículo 450: Omisión intencionada del deber de perseguir delitos conocidos en el ejercicio del cargo (o de impedirlos si es posible).
  Pena: inhabilitación especial de 1 a 3 años (agravada si causa perjuicio grave o se refiere a delitos graves: prisión de 6 meses a 2 años + inhabilitación).

Es delito de omisión propia, doloso, y protege la eficacia de la respuesta penal. Diferente de la omisión genérica de funcionarios (art. 408 CP, en Título XIX).

Capítulo III: Del encubrimiento (arts. 451 a 454)

Aunque es un delito común (puede cometerlo cualquier persona), se incluye aquí por su impacto en la Administración de Justicia (favorecer la impunidad post-delito).

• Artículo 451: Favorecimiento real (ocultar efectos, auxiliar para eludir investigación) o personal (ayudar a eludir justicia).
  Pena: inferior en uno o dos grados a la del delito encubierto; si el delito principal es grave (homicidio, terrorismo, etc.): prisión de 6 meses a 3 años + inhabilitación.
• Artículo 452: Pena para el encubridor extraño (no participante previo).
  Prisión de 6 meses a 3 años o multa (según gravedad del delito principal).
• Artículo 453: Aplicable incluso si el autor principal es irresponsable.
• Artículo 454: Excusa absolutoria para parientes próximos (cónyuge, ascendientes, etc.), salvo si actúan como autores o cómplices.

Requiere conocimiento del delito principal y ánimo de beneficiar al delincuente.

Capítulo IV: De la realización arbitraria del propio derecho (art. 455)

Delito común: particular que, creyendo tener un derecho, lo realiza por sí mismo con violencia, intimidación o fuerza en las cosas, fuera de las vías legales (ej. desahucio por la fuerza, cobro de deudas con amenazas).

• Artículo 455: Pena: multa de 6 a 12 meses (superior en grado si usa armas u objetos peligrosos; atenuada si hay provocación grave).