Los temas que mencionas corresponden al Capítulo III del Título XXI del Código Penal español (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, con reformas posteriores, consolidado y vigente en enero de 2026), titulado "De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes" (arts. 492 a 509). Este capítulo protege el normal funcionamiento de las instituciones clave del Estado (Cortes Generales, Asambleas autonómicas, Gobierno, CGPJ, Tribunal Constitucional, etc.) y la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), evitando atentados que impidan su libre ejercicio o usurpen competencias.

El capítulo se divide en dos secciones principales. No ha sufrido reformas estructurales relevantes en los últimos años (las modificaciones clave de 2022-2023 afectaron principalmente a sedición —derogada y sustituida por desórdenes públicos agravados en Título XXII—, malversación y otros títulos, sin cambios sustanciales aquí hasta 2026).

Sección 1.ª: Delitos contra las instituciones del Estado (arts. 492 a 505)

Castiga conductas que atentan directamente contra el funcionamiento de las instituciones representativas y ejecutivas, tanto a nivel estatal como autonómico. Incluye invasiones, perturbaciones, injurias graves, amenazas, impedimentos de reuniones y atentados contra su libertad o inviolabilidad.

• Artículo 492: Impedir a las Cortes Generales reunirse para nombrar Regencia o tutor del Rey menor/inhabilitado (al vacar la Corona).
  Pena: prisión de 10 a 15 años + inhabilitación absoluta de 10 a 15 años (sin perjuicio de otras penas más graves).
• Artículo 493: Invasión con violencia o intimidación grave del local donde estén reunidas las Cortes Generales o Asambleas autonómicas.
  Pena: prisión de 3 a 6 años + multa (agravada si hay lesiones o daños graves).
• Artículo 494: Promover, dirigir o presidir manifestaciones o reuniones que alteren gravemente el normal funcionamiento de las Cámaras o Asambleas.
  Pena: prisión de 6 meses a 3 años o multa.
• Artículo 495: Intentar penetrar sin autorización en sedes institucionales para presentar peticiones con fuerza o intimidación.
  Pena: prisión de 6 meses a 3 años o multa.
• Artículo 496: Injuria grave o calumnia contra miembros de las Cámaras o Asambleas en ejercicio de funciones.
  Pena: prisión de 6 meses a 2 años o multa (eximente por prueba de la verdad en ciertos casos, art. 210).
• Artículo 497: Perturbar gravemente el orden de sesiones parlamentarias.
  Pena: multa de 6 a 18 meses (leve) o prisión de 6 meses a 2 años (grave).
• Artículo 498-500: Impedimento de asistencia, coacción o amenazas a miembros para influir en votos o deliberaciones.
  Pena: prisión de 6 meses a 3 años + multa.
• Artículo 501-502: Quebrantamiento de la inviolabilidad de las Cámaras o detención ilegal de parlamentarios fuera de supuestos legales (por autoridad/funcionario).
  Pena: inhabilitación especial de 10 a 20 años (o prisión en mitad superior + inhabilitación 6-12 años).
• Artículo 503: Coartar o poner obstáculos a la libertad del Gobierno reunido en Consejo (o Consejos autonómicos).
  Pena: prisión de 3 a 6 años + multa.
• Artículo 504: Calumnias, injurias o amenazas graves al Gobierno, CGPJ, Tribunal Constitucional, TS o Tribunales Superiores de Justicia autonómicos (o a Ejércitos/Fuerzas de Seguridad).
  Pena: multa de 12 a 18 meses (agravada si grave o reiterada).

Estos delitos suelen requerir dolo (intención de perturbar o impedir) y protegen el principio de autonomía institucional y libertad parlamentaria (arts. 66-71 CE). Son frecuentes en contextos de protestas intensas o conflictos políticos, pero con umbrales altos de gravedad para no colisionar con la libertad de expresión/reunión.

Sección 2.ª: De la usurpación de atribuciones (arts. 506 a 509)

Castiga la arrogación indebida de competencias o funciones propias de otros poderes o instituciones, atentando contra la división de poderes (art. 1.1 y 117 CE). Son delitos especiales propios (principalmente por autoridades o funcionarios).

• Artículo 506: Funcionario que dicte disposiciones generales o particulares fuera de sus atribuciones, o las ejecute indebidamente.
  Pena: prisión de 1 a 3 años, multa de 6 a 12 meses + inhabilitación especial de 6 a 12 años.
• Artículo 507: Arrogación de funciones judiciales o administrativas no propias (o interferencia en independencia judicial).
  Pena: prisión de 6 meses a 1 año, multa de 3 a 6 meses + suspensión de 1 a 3 años (agravada si atentado a independencia: prisión de 1 a 2 años, multa superior + inhabilitación 2-6 años).
• Artículo 508: Continuar procedimiento pese a conflicto jurisdiccional resuelto.
  Pena: multa de 3 a 10 meses + inhabilitación especial de 6 meses a 1 año.
• Artículo 509: Otras usurpaciones menores (ej. arrogación de competencias autonómicas/estatales).
  Pena: inhabilitación especial de 2 a 6 años.

Estos tipos protegen la exclusividad competencial y evitan solapamientos entre poderes (ej. ejecutivo interfiriendo en judicial, o Estado en competencias autonómicas). Requieren dolo específico (conocimiento de la falta de atribución) y son raros en la práctica, pero graves por su impacto en el equilibrio constitucional.

En conjunto, este capítulo complementa la protección del orden constitucional (rebelión y delitos contra la Corona en capítulos anteriores) y se centra en amenazas "menores" pero directas al funcionamiento diario de las instituciones y la separación de poderes. Las penas combinan prisión, multas e inhabilitaciones prolongadas (lo más lesivo en la práctica para funcionarios o autoridades).