1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será de aplicación a:

a) Únicamente a la Administración General del Estado.
b) Las entidades que integran la Administración Local.
c) Exclusivamente a las administraciones de las Comunidades Autónomas.
d) Excluye en todo caso a las universidades públicas.

2. ¿Cuál de los siguientes actos administrativos es nulo de pleno derecho, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

a) Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio.
b) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles del amparo constitucional.
c) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
d) Los que tengan un contenido posible y hayan sido dictados siguiendo el procedimiento legalmente establecido.

3. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en referencia a la representación de los interesados en un procedimiento administrativo (señale la respuesta correcta):

a) Los interesados con capacidad de obrar no podrán actuar por medio de representante.
b) Las personas físicas y las personas jurídicas no podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.
c) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, se presumirá la representación.
d) Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá la representación.

4. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación de un acto administrativo deberá ser cursada:

a) En un plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) En un plazo de quince días a partir de la fecha en que se dictó el acto.
c) En un plazo de diez días a partir del día siguiente de la fecha en que se haya dictado el acto.
d) En un plazo de quince días a partir del día siguiente a la fecha en que el acto haya sido dictado.

5. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros:

a) Podrán eventualmente ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran.
b) No deberán ser publicados en ningún Boletín o Diario Oficial, puesto que son actos reservados.
c) Deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran.
d) La citada Ley no contempla su publicación, únicamente su exposición pública en el tablón de anuncios del edificio donde radique la sede oficial del órgano administrativo en cuestión.

6. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:

a) Retroactivos, aunque los supuestos de hecho necesarios no existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.
b) Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten.
c) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
d) A los diez días contados desde de la fecha en que se dicten.

7. Según los artículos 18 y 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, referidos a la colaboración y a la comparecencia de las personas:

a) Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.
b) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas será obligatoria siempre que una resolución así lo establezca.
c) Las Administraciones Públicas no estarán obligadas a extender al interesado certificación acreditativa de su comparecencia, incluso aunque lo solicite.
d) Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el derecho de no proporcionárselos a la Administración actuante.

8. De acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los interesados en un procedimiento podrán promover la recusación del personal al servicio de las Administraciones Públicas si concurren las circunstancias de:

a) Tener interés personal en el asunto que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir la de aquél.
b) Sospecha de parcialidad, aunque en este caso no es necesario justificarla.
c) El parentesco de consanguinidad dentro del primer grado o de afinidad dentro del tercero, con cualquiera de los interesados.
d) Haberle prestado, en los cinco últimos años, servicios profesionales a alguna persona interesada.

9. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por lo que respecta a la lengua de los procedimientos:

a) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma deberán utilizar el castellano.
b) Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma.
c) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.
d) El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado en todo caso.
 

10. Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
 

a) Se considera discriminación indirecta la situación en que se encuentra una persona que sea tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra.
b) Se considera discriminación directa la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.
c) Esta ley no realiza distinción entre discriminación directa e indirecta.
d) Se considera discriminación indirecta la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.