1.- La acción ejecutiva
fundada en sentencia, en resolución del Tribunal o del Letrado de la
Administración de Justicia que apruebe una transacción judicial o un acuerdo
alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación
caducará:
a) si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro del año
siguiente a la firmeza de la sentencia o resolución.
b) si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los dos
años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.
c) si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco
años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.
d) si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los seis
años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.
2.- Si el requerimiento para hacer, no hacer o entregar cosa distinta de una
cantidad de dinero no pudiere tener inmediato cumplimiento:
a) el Tribunal competente para ordenar la ejecución, a instancia del ejecutante,
podrá acordar las medidas de garantía que resulten adecuadas para asegurar la
efectividad de la condena.
b) el Tribunal competente para ordenar la ejecución, de oficio o a instancia del
ejecutante, podrá acordar las medidas de garantía que resulten adecuadas para
asegurar la efectividad de la condena.
c) el Letrado de la Administración de Justicia, a instancia del ejecutante,
podrá acordar las medidas de garantía que resulten adecuadas para asegurar la
efectividad de la condena.
d) el Letrado de la Administración de Justicia, por iniciativa propia o a
instancia del ejecutante, podrá acordar las medidas de garantía que resulten
adecuadas para asegurar la efectividad de la condena.
3.- ¿Cuál de los siguientes pronunciamientos NO se encuentra entre los que el
auto de declaración de concurso contendrá en todo caso?
a) El carácter voluntario o necesario del concurso, con indicación, en su caso,
de que el deudor ha presentado propuesta anticipada de convenio o ha solicitado
la liquidación de la masa activa.
b) La determinación de si el concurso se tramitará conforme a las reglas
establecidas para el procedimiento ordinario o conforme a las establecidas para
el procedimiento abreviado.
c) El llamamiento a los acreedores para que informen a la administración
concursal de la existencia de sus créditos en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación de la declaración de concurso en el BOE.
d) Las medidas cautelares que el juez considere necesarias para asegurar la
integridad, la conservación o la administración de la masa activa hasta que el
administrador o los administradores concursales acepten el cargo.
4.- En relación con las cuestiones de competencia en el orden penal, señale
la respuesta correcta:
a) La inhibitoria se propondrá ante el Juez o Tribunal que se repute competente.
b) La inhibitoria se propondrá ante el Juez o Tribunal que se repute
incompetente.
c) Únicamente el Ministerio Fiscal podrá promover las cuestiones de competencia
por inhibitoria o por declinatoria.
d) La declinatoria o de la inhibitoria podrán usarse de forma cumulativa.
5.- El periodo de duración de la investigación judicial queda sujeta a la
siguiente limitación temporal:
a) Doce meses desde la incoación de la causa sin posibilidad de acordar
prórrogas.
b) Doce meses desde la incoación de la causa con posibilidad de acordar una sola
prórroga por otro periodo igual a seis meses.
c) Doce meses desde la incoación de la causa con posibilidad de acordar una sola
prórroga por otro periodo inferior a seis meses.
d) Doce meses desde la incoación de la causa con posibilidad de acordar
prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.
6.- Para decretar la prisión provisional con el fin de evitar que el
investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de una víctima de violencia
intrafamiliar:
a) no es necesario que el delito imputado este castigado con pena cuyo máximo
sea igual o superior a dos años de prisión, pero es necesario que el investigado
tenga antecedentes penales no cancelados o cancelables por delito doloso si la
pena es inferior a dicho límite.
b) no es necesario que el delito imputado este castigado con pena cuyo máximo
sea igual o superior a dos años de prisión, ni tampoco que el investigado tenga
antecedentes penales no cancelados o cancelables por delito doloso si la pena es
inferior a dicho límite.
c) es necesario, sin excepción, que el delito imputado esté castigado con pena
cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión.
d) es necesario que el delito imputado este castigado con pena cuyo máximo sea
igual o superior a dos años de prisión y, además, que el investigado tenga
antecedentes penales no cancelados o cancelables por delito doloso.
7.- En relación con los autos de procesamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 384 LECRIM., indíquese la respuesta correcta:
a) Contra los autos que dicten los Jueces de instrucción, decretando el
procesamiento de alguna persona, cabe interponer directamente recurso de
apelación en ambos efectos.
b) Contra los autos denegatorios de procesamiento, sólo se concederá a quien lo
haya solicitado el recurso de reforma, y contra la desestimación de la reforma
no cabe recurso alguno, pero podrá reproducirse la petición ante la Audiencia en
el momento procesal oportuno.
c) Cuando la resolución del recurso de reforma interpuesto contra un auto
denegatorio de procesamiento sea favorable al recurrente y, por tanto, se
acuerde el procesamiento primeramente solicitado, contra esta resolución las
personas procesadas ya no podrán interponer recurso alguno.
d) Contra la decisión del Juez Instructor, estimando la reforma del auto de
procesamiento, quedando sin efecto los procesamientos antes acordados, cabe
interponer recurso de apelación en un efecto.
8.- En relación con la competencia del Tribunal del Jurado, diga cuál de las
siguientes afirmaciones NO es cierta:
a) En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo
enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional.
b) El Tribunal del Jurado será competente, entre otros supuestos, para el
conocimiento y fallo de las causas por delito de omisión del deber de socorro,
cualquiera que sea la participación o el grado de ejecución atribuido al
acusado.
c) El Tribunal del Jurado será competente, entre otros supuestos, para el
conocimiento y fallo de las causas por delito de prevaricación, cualquiera que
sea la participación o el grado de ejecución atribuido al acusado.
d) Cuando un solo hecho pueda constituir dos o más delitos, será competente el
Tribunal del Jurado para su enjuiciamiento si alguno de ellos fuera de los
atribuidos a su conocimiento.
9.- En relación con el recurso de casación penal, diga cuál de las siguientes
afirmaciones NO es cierta:
a) Podrán ser recurridos en casación por quebrantamiento de forma todos los
autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las
Audiencias Provinciales.
b) Cabe interponer recurso de casación por infracción de ley del motivo previsto
en el número 1.º del artículo 849 contra las sentencias dictadas en apelación
por las Audiencias Provinciales.
c) Cabe interponer recurso de casación por infracción de ley cuando haya
existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en
autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por
otros elementos probatorios.
d) Quedan exceptuadas del recurso de casación aquellas sentencias que se limiten
a declarar la nulidad de las sentencias recaídas en primera instancia.
10.- En relación con la orden europea de detención, señale la respuesta
correcta:
a) La autoridad judicial competente para decretar el reconocimiento y ejecución
de una orden europea de detención en España será el Juez de Instrucción del
partido judicial en el que se haya producido la detención.
b) No podrá ser emitida respecto a menores de 18 años.
c) Se podrá solicitar la entrega temporal, incluso antes de que la autoridad de
ejecución se haya pronunciado sobre la entrega definitiva, para llevar a cabo la
práctica de diligencias penales o la celebración de la vista oral.
d) Podrá ser emitida con el fin de proceder al cumplimiento de una condena a una
pena o una medida de seguridad no inferior a tres meses de privación de
libertad.