1. El mandato de la Comisión
Europea será de:
a) 3 años.
b) 4 años.
c) 5 años.
d) 6 años.
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene su sede en:
a) Bruselas.
b) La Haya.
c) Luxemburgo.
d) Estrasburgo.
3. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿qué supone la inderogabilidad singular
del acto administrativo?
a) Que los actos de las Administraciones Públicas serán ejecutivos con arreglo a
lo dispuesto en esta Ley.
b) Que los actos de las Administraciones Públicas se presumirán válidos y
producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se
disponga otra cosa.
c) Que las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren
necesarias para la protección de los datos personales que consten en las
resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a
más de un interesado.
d) Que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán
vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas
procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición
general.
4. Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, cuando la notificación se
practique en el domicilio del interesado y éste no se encuentre presente, podrá
hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio,
siempre que haga constar su identidad y sea mayor de:
a) 12 años.
b) 14 años.
c) 16 años.
d) 18 años.
5. Conforme a la Ley 39/2015, ¿qué órgano es competente para resolver un
recurso potestativo de reposición?
a) El órgano que dictó el acto administrativo recurrido.
b) El superior jerárquico del órgano que dictó el acto administrativo recurrido.
c) El órgano del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que fuera
competente para conocer del asunto conforme con la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
d) El órgano que dictó el acto administrativo o el superior jerárquico del
órgano que dictó el acto recurrido, en función de la materia recurrida.
6. De conformidad con el artículo 75 de la Ley 40/2015, a los Subdelegados
del Gobierno les corresponde:
a) Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la
Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la
Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades locales en el ámbito de
la provincia.
b) Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente
al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o
interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de
atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes.
c) Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones
bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de
naturaleza similar cuando se determine.
d) Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su
ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un Departamento.
7. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del
Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será
preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, que será evacuado
en el plazo máximo de:
a) Seis meses, quedando suspendido el plazo para dictar resolución por el tiempo
que medie entre la solicitud del informe y su recepción y no pudiendo exceder
dicho plazo de los citados seis meses.
b) Tres meses, quedando suspendido el plazo para dictar resolución por el tiempo
que medie entre la solicitud del informe y su recepción y no pudiendo exceder
dicho plazo de los citados tres meses.
c) Un mes, quedando suspendido el plazo para dictar resolución por el tiempo que
medie entre la solicitud del informe y su recepción y no pudiendo exceder dicho
plazo del citado mes.
d) Dos meses, quedando suspendido el plazo para dictar resolución por el tiempo
que medie entre la solicitud del informe y su recepción y no pudiendo exceder
dicho plazo de los citados dos meses.
8. Según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, la persona física o jurídica, de
naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decide sobre la
finalidad, contenido y uso del tratamiento de datos es:
a) El responsable del fichero.
b) El encargado del tratamiento.
c) El propietario del fichero.
d) El consultor del tratamiento.
9. De acuerdo con el Capítulo I del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público (en adelante TREBEP), el funcionario de carrera es:
a) Quien, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito presta
servicios retribuidos para las Administraciones Públicas.
b) Quien, en virtud de nombramiento legal, está vinculado a una Administración
Pública por una relación laboral para el desempeño de servicios profesionales
retribuidos de carácter permanente.
c) Quien, en virtud de nombramiento legal, está vinculado a una Administración
Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para
el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
d) Quien desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones
Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.
10. Forman parte de las retribuciones de los funcionarios públicos:
a) Las dietas.
b) Las gratificaciones extraordinarias.
c) Las asistencias por colaboración en actividades de formación y
perfeccionamiento.
d) Las indemnizaciones por traslado de residencia.