1. Según el artículo 86.1 de
la Constitución, las materias que NO pueden ser objeto de un Decreto-Ley son las
siguientes:
a) el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado; los derechos,
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I; el régimen de
las Comunidades Autónomas; y el Derecho electoral general.
b) únicamente, el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado; los
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I; y el
régimen de las Comunidades Autónomas.
c) únicamente, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en
el Título I.
d) únicamente, el Derecho electoral general.
2.- ¿Quién puede solicitar legalmente la ayuda médica para provocar su propia
muerte?:
a) Cualquier español que desee dejar de vivir.
b) Cualquier ciudadano de la Unión Europea que esté aquejado de una enfermedad
grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante.
c) Los ciudadanos españoles que estén aquejados de una enfermedad grave e
incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante.
d) Solo aquellas personas que estén aquejadas de enfermedades que le causan un
sufrimiento insoportable.
3.- En relación con los derechos de reunión y de manifestación (art. 21 CE),
señale cuál de los siguientes enunciados es el correcto:
a) La declaración de un estado de alarma impide, en todo caso, el ejercicio del
derecho de manifestación.
b) El derecho de manifestación requiere una autorización previa de la autoridad
gubernativa correspondiente.
c) El derecho de reunión pacífica y sin armas no está sometido al régimen de
autorización previa.
d) La reunión de más de veinte personas en un domicilio particular está sometida
al régimen de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de
reunión.
4.- En relación con los derechos reconocidos en las Secciones Primera y
Segunda del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución, señale cuál de los
siguientes enunciados es el correcto:
a) Los derechos fundamentales de la Sección Primera son meros enunciados
programáticos que no vinculan a los poderes públicos.
b) Los derechos fundamentales de la Sección Primera están amparados por la
garantía de la reserva de Ley Orgánica prevista en el artículo 81.1 de la
Constitución.
c) Todos los derechos de los ciudadanos de la Sección Segunda están protegidos
mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
d) Los derechos de los ciudadanos de la Sección Segunda solo pueden ser
desarrollados mediante Ley Orgánica, conforme a lo dispuesto en el artículo 81.1
de la Constitución.
5.- La discriminación indirecta por razón de sexo:
a) es un concepto doctrinal sin reflejo expreso en el ordenamiento jurídico.
b) está permitida con carácter general en el ordenamiento jurídico porque no
implica usar el criterio sexo para justificar una desigualdad de trato.
c) se refiere al uso de una disposición, criterio o práctica aparentemente
neutros que coloca a personas de un sexo en desventaja respecto a las del otro
sexo.
d) no puede justificarse en ningún caso.
6.- En el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pueden ser
objeto de impugnación:
a) los actos con valor de ley emanados de las Asambleas de las Comunidades
Autónomas.
b) los actos jurídicos de los funcionarios públicos que no hayan agotado la vía
judicial correspondiente.
c) los actos sin valor de ley emanados de los órganos de las Cortes.
d) los Reglamentos de las Cámaras Legislativas.
7.- Las enmiendas de totalidad en las Cortes Generales:
a) solo se pueden presentar a los proyectos de ley.
b) se pueden presentar a cualquier iniciativa legislativa.
c) sólo pueden producir el efecto de devolver el proyecto de ley al Gobierno.
d) solo se pueden presentar en el Congreso de los Diputados.
8.- Según dispone la LO 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general:
a) las Mesas Electorales no forman parte de la Administración Electoral.
b) la Junta Electoral de Zona no puede ejercer potestad disciplinaria alguna.
c) la Junta Electoral Central resuelve con carácter vinculante las consultas
elevadas por las Juntas Electorales Provinciales.
d) la Junta Electoral Provincial unifica los criterios interpretativos de las
Juntas Electorales de Zona, con independencia del criterio de la Junta Electoral
Central.
9.- El Ministerio Fiscal NO está obligado a participar en:
a) los casos en los que están implicados menores.
b) los procesos en defensa de los derechos fundamentales.
c) los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional cuando ya han
participado en los procesos judiciales previos.
d) las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea si no han sido parte en el proceso nacional que las originó.
10.- Los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea serán
nombrados:
a) por el gobierno de cada Estado.
b) por común acuerdo de los gobiernos de los Estados tras la propuesta de una
terna realizada por el gobierno de cada Estado.
c) por la Comisión Europea a propuesta del gobierno del Estado.
d) por común acuerdo de los gobiernos de los Estados a propuesta realizada por
el gobierno de cada Estado y tras el dictamen de un comité que se pronuncia
sobre la idoneidad de los candidatos.