autor.: cejuanjo
Remitido el 15-10-07 a las 08:59:15 :: 6574 lecturas
1.- La Constitución Española de 1978: estructura y caracteres.
Según el Diccionario del Español JurÃdico, la Constitución es la Ley fundamental y suprema del ordenamiento jurÃdico del Reino de España ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. La Constitución de 1978 consta de un Preámbulo, un TÃtulo preliminar y 10 tÃtulos que contienen un total de 169 artÃculos.
El TÃtulo preliminar establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, la soberanÃa popular, la monarquÃa parlamentaria como forma polÃtica del Estado, la indisoluble unidad de la nación española, el castellano como lengua oficial del Estado aunque con respeto a otras lenguas de otras comunidades, la bandera nacional, la capital del Estado en la villa de Madrid, la existencia de los partidos polÃticos como columna del sistema, los sindicatos y las asociaciones empresariales, las Fuerzas Armadas como garantÃa de la defensa de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional y el respeto a la ley, a la que están sujetos los ciudadanos y los poderes públicos. El TÃtulo I está dedicado a los derechos y deberes fundamentales. El TÃtulo II está dedicado a la Corona. El TÃtulo III está dedicado a las Cortes Generales. El TÃtulo IV está dedicado al Gobierno. El TÃtulo V está dedicado a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El TÃtulo VI está dedicado al Poder Judicial. El TÃtulo VII está dedicado a EconomÃa y Hacienda. El TÃtulo VIII está dedicado a la organización territorial del Estado. El TÃtulo X está dedicado a la reforma constitucional.
2.- Los valores superiores y principios constitucionales.
La cita a los valores superiores en el art. 1.1 de la C.E. donde se dice que el Estado Social y Democrático de Derecho en que se constituye España propugna como valores superiores de su ordenamiento jurÃdico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo polÃtico. En cuanto a los principios constitucionales los más importantes se ubican en el art. 9.3 de la C.E. donde se dispone que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquÃa normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurÃdica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Junto a los garantizados en el art. 9.3 la Constitución contempla otros principios como por ejemplo el principio de reciprocidad referido a la extradición (art. 13), principios tributarios de igualdad y de progresividad (art. 31), principios de preferencia y sumariedad en los procedimientos de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas (art. 53),…
En nuestra práctica jurisprudencial se utilizan los conceptos de principios y valores de modo intercambiable.
3.- La Constitución y el sistema de fuentes.
El sistema de fuentes del Derecho Español viene a quedar establecido en el art. 1 del C. Civil al disponer que las mismas son la Ley, la Costumbre y los Principios Generales del Derecho. El texto constitucional sólo se refiere a las fuentes del derecho en el art. 149.1.8ª al identificar como competencia exclusiva del Estado la determinación de las fuentes del derecho (dentro de lo que es la legislación civil).
Cuestión distinta es la proyección del principio de jerarquÃa normativa en el ámbito del ordenamiento jurÃdico y la de su encaje en el papel del texto constitucional. De la mano de esa proyección nos encontramos con que la Constitución no sólo ocupa el vértice sino que además tiene una eficacia atributiva que se plasma en la imposición sobre determinadas materias de una regulación por ley (reserva de ley) y en otros más estricta mediante la reserva de ley orgánica (art. 81 C.E.)
4.- Los tratados internacionales y su posición en el sistema de fuentes.
Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre sujetos de Derecho internacional y que se encuentra regido por este, pudiendo constar de uno o varios instrumentos jurÃdicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica siempre que sean, como mÃnimo, dos personas jurÃdicas internacionales quienes concluyan un tratado internacional. Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre Estados, aunque pueden celebrarse entre Estados y organizaciones internacionales.
Por la naturaleza que les es propia, los tratados internacionales – fruto de la bilateralidad – siempre serán inmunes al principio de unilateralidad propio de los Estados y de sus ordenamientos jurÃdicos internos. Es decir, un tratado puede modificar una norma de derecho interno pero una norma de derecho interno no puede modificar un tratado.
En cuanto a su incorporación al ordenamiento jurÃdico el art. 96 de la C.E. viene a repetir las reglas del Código Civil.
Conforme el citado artÃculo 96 los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artÃculo 94.
5.- La reforma constitucional.
La Constitución Española destina su TÃtulo X a la regulación de su reforma.
En el art. 166 sienta que la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artÃculo 87, precepto que regula la iniciativa legislativa. Conforme el número 1, la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. De acuerdo con el número 2 las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
En el art. 167 se establecen las reglas generales de la reforma. Asà los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayorÃa de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayorÃa absoluta del Senado, el Congreso, por mayorÃa de dos tercios, podrá aprobar la reforma. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando asà lo soliciten, dentro de los quince dÃas siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
En el artÃculo 168 se establecen las reglas especiales para la reforma. Las mismas son de aplicación cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al TÃtulo preliminar, al CapÃtulo segundo, Sección primera del TÃtulo I, o al TÃtulo II, se procederá a la aprobación del principio por mayorÃa de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayorÃa de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
Finalizan el tÃtulo y el articulado de la propia Constitución con el artÃculo 169 donde se dice que no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artÃculo 116 (estados de alarma, excepción y sitio).
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[TEMA] Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y caracteres. Los valores superiores y principios constitucionales. La Constitución y el sistema de fuentes. 
