Es aquella puja - es decir, aquella oferta realizada por un licitador - en la que se parte de la cantidad que estiman los licitadores y no de la fijada por el órgano de contratación. Se realizan en vivo y siempre son al alza.

Un saludo y gracias por tu participación.

Por ejemplo: la administración quiere adjudicar un bar de polideportivo por 1.000 euros al año y los dos licitiadores no aceptan entonces se propone por uno de ellos una licitación de 900 euros a lo cual la administración no ve inconveniente pues la otra opción es que el bar quede sin adjudicacion ???

Desde un punto de vista legal, la administración podría adjudicar el bar por 900 euros. El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que "los órganos de las Administraciones Públicas podrán acordar la adjudicación al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, siempre que sea admisible, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares". En este caso, el pliego de cláusulas administrativas particulares no establece un precio mínimo, por lo que la administración podría adjudicar el bar por el precio que considere oportuno.

Sin embargo, desde un punto de vista ético, la administración debería reconsiderar su decisión. La adjudicación de un servicio público por un precio inferior al que se había previsto inicialmente puede suponer una merma en la calidad del servicio prestado. En este caso, la administración debería asegurarse de que el licitador que ofrece 900 euros está en condiciones de prestar el servicio de manera adecuada.

Además, la administración debería tener en cuenta que la adjudicación del bar por un precio inferior puede suponer una pérdida de ingresos para las arcas públicas. En este caso, la administración debería estudiar la posibilidad de aumentar el canon de explotación del bar para compensar la pérdida de ingresos.

En definitiva, la administración tiene la potestad legal de adjudicar el bar por 900 euros. Sin embargo, desde un punto de vista ético, debería reconsiderar su decisión y asegurarse de que la adjudicación del servicio se realiza en las mejores condiciones posibles para los usuarios y para las arcas públicas.

En el caso concreto que planteas, la administración podría optar por las siguientes soluciones:

Adjudicar el bar por 900 euros, pero con la condición de que el licitador se comprometa a prestar el servicio de manera adecuada.
Reconsiderar la licitación y aumentar el precio del canon de explotación del bar.
Retirar la licitación y buscar otro licitador que esté dispuesto a aceptar el precio inicial de 1.000 euros.
La mejor solución dependerá de las circunstancias concretas del caso.