Sí, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), modifica la elaboración y aprobación de las ordenanzas municipales.

En primer lugar, la LPACAP establece un procedimiento común para la elaboración de disposiciones generales, que incluye las ordenanzas municipales. Este procedimiento consta de las siguientes fases:

Iniciativa: La iniciativa de la elaboración de una ordenanza puede partir del propio ayuntamiento, de los miembros de la corporación, de los ciudadanos o de los grupos de interés.
Consulta pública: En la fase de anteproyecto o proyecto normativo, el ayuntamiento debe consultar a los ciudadanos y a los grupos de interés afectados por la ordenanza.
Informe de la comisión especial de estudio: En los municipios de más de 5.000 habitantes, la ordenanza debe ser informada por una comisión especial de estudio.
Aprobación inicial: El ayuntamiento aprueba el anteproyecto o proyecto normativo de ordenanza.
Informe preceptivo: El anteproyecto o proyecto normativo debe ser informado por los órganos consultivos preceptivos.
Aprobación definitiva: El ayuntamiento aprueba definitivamente la ordenanza.
En segundo lugar, la LPACAP establece un nuevo trámite de consulta pública en la fase de anteproyecto o proyecto normativo. Este trámite es obligatorio para todas las ordenanzas, independientemente de la población del municipio. La consulta pública debe realizarse durante un plazo mínimo de quince días hábiles y se debe publicar en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la página web municipal, si la tiene.

En tercer lugar, la LPACAP modifica el procedimiento de aprobación de las ordenanzas en los municipios de más de 5.000 habitantes. En estos municipios, la ordenanza debe ser informada por una comisión especial de estudio, que estará formada por representantes de los grupos políticos de la corporación, de los grupos de interés afectados por la ordenanza y de los ciudadanos.

En resumen, la Ley 39/2015 introduce una serie de modificaciones en la elaboración y aprobación de las ordenanzas municipales, con el objetivo de mejorar la participación ciudadana y la transparencia en el proceso de elaboración de estas disposiciones.