1.- Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si una conducta infractora hubiere causado daños y perjuicios a una administración

a) La cuantía destinada a indemnizar esos daños deberá fijarse en el procedimiento sancionador que se tramite y la aceptación por el infractor de la resolución del procedimiento sancionador que pudiera recaer implicará el reconocimiento voluntario de su responsabilidad y pondrá fin a la vía administrativa

b) La cuantía destinada a indemnizar esos daños deberá fijarse mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva y pondrá fin a la vía administrativa

c) Si la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el procedimiento sancionador, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad

d) La cuantía destinada a indemnizar esos daños se añadirá a la cuantía por la sanción impuesta por la conducta infractora y pondrá fin a la vía administrativa

2.- De conformidad con el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición general

a) Salvo que procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general

b) Salvo que así lo prevea expresamente una disposición con rango de ley

c) Aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general

d) Salvo que así lo prevea expresamente la propia disposición general

3.- Según el art. 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado se entenderá rechazada cuando

a) Hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido

b) Hayan transcurrido veinte días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido

c) Hayan transcurrido dos días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido

d) Hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido

4.- ¿Cuál de estas afirmaciones es válida según el art. 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?

a) La eficacia del acto quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior

b) La eficacia del acto quedará demorada cuando así lo exija una disposición con rango de ley

c) La eficacia del acto quedará demorada cuando lo solicite el interesado y de la misma no resultaren perjuicios para terceros

d) La eficacia del acto quedará demorada cuando lo solicite el interesado y de la misma no resultaren perjuicios para terceros, previa autorización juidical

5.- ¿Cuál de los siguientes no es un medio de ejecución forzosa según el art. 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?

a) Apremio sobre el patrimonio

b) Ejecución hipotecaria

c) Multa coercitiva

d) Compulsión sobre las personas

6.- Las relaciones electrónicas con la Administración es un derecho

a) De las personas jurídicas

b) De los empleados públicos en su relación con la Administración por razones de su condición de empleados

c) De las personas físicas

d) De quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria

7.- ¿Qué establece y regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre?

a) Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas

b) El procedimiento administrativo común de las administraciones públicas

c) El sistema de responsabilidad de las administraciones públicas

d) Son correctas las respuestas anteriores b) y c)

8.- La entrada en vigor de la la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se produjo

a) Al día siguiente de su publicación en el BOE

b) A los dos años de su publicación

c) El día 2 de octubre de 2016

d) En el plazo de veinte días desde su promulgación

9.- ¿Cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento administrativo?

a) El fijado por la norma reguladora del mismo

b) No podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca lo contrario

c) No podrá exceder de seis meses, salvo que venga prevista en la normativa europea una duración mayor

d) Todas las respuestas anteriores son correctas

10.- ¿En cuál de los siguientes casos puede suspenderse el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento administrativo?

a) Cuando una Administración pública requiera a otra que anule o revise un acto que entiende es ilegal

b) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios

c) Cuando el órgano instructor competente para resolver decida la realización de alguna de las actuaciones complementarias de las previstas en el art. 87 de la Ley 39/2015

d) Todas las respuestas son correctas