1.- La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por un órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, por tener atribuidas funciones de inspección:

a) Es una forma de iniciación del procedimiento administrativo, a solicitud de interesado.
b) Vincula al órgano administrativo competente para iniciar el procedimiento administrativo, de oficio.
c) Constituye una petición razonada que puede dar lugar a la iniciación de oficio del procedimiento administrativo por el órgano competente.
d) Deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, para que el órgano competente pueda iniciar un procedimiento de naturaleza sancionadora.

2.- En el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prevé la tramitación simplificada del procedimiento administrativo, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Señala el enunciado INCORRECTO, en relación a lo previsto en dicho precepto:

a) No se puede adoptar la tramitación simplificada del procedimiento en caso de procedimientos de naturaleza sancionadora.
b) Si un interesado manifestara su oposición a la tramitación simplificada del procedimiento, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.
c) En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite distinto a los previstos en el procedimiento de tramitación simplificada en el precepto citado, deberá ser tramitado de manera ordinaria.
d) Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria.

3.- ¿Cuándo comienza a contarse el plazo de prescripción de una sanción?

a) Desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo para la resolución del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción.
b) Desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a contar desde que finalice la conducta infractora.
c) Desde el día siguiente a aquél en que sea notificada la resolución, si ésta pone fin a la vía administrativa.
d) Desde el día siguiente a aquél en que sea notificada la resolución.

4.- En un procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños producidos a un paciente en una asistencia sanitaria, se llega a la conclusión de que en la producción del daño concurre culpa de la víctima. Señale el enunciado correcto:

a) La concurrencia de culpa de la víctima dará lugar a la improcedencia o minoración de la indemnización.
b) La culpa de la víctima constituye un supuesto de fuerza mayor que hace que el daño no sea indemnizable.
c) La víctima tiene derecho a indemnización si el daño es efectivo y antijurídico, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona.
d) No resulta exigible la responsabilidad patrimonial de la Administración ya que no existe relación de causalidad entre la actuación médica y el daño producido.

5.- Una de las actuaciones esenciales en un procedimiento sancionador es el pliego de cargos. Señala el enunciado INCORRECTO sobre dicha actuación:

a) Será formulado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.
b) Se notificará al presunto responsable de la infracción y a los demás interesados, concediéndoles un plazo de diez días para contestarlo y para que aduzcan las alegaciones y aporten los datos, documentos u otros elementos de juicio que consideren pertinentes así como para que propongan las pruebas que estimen convenientes.
c) Comprenderá los hechos imputados, la falta presuntamente cometida y las sanciones que pudieran ser de aplicación conforme a la normativa que las tipifique y las delimite.
d) Se formula en un plazo no superior a un mes contado a partir de la iniciación del procedimiento sancionador, siendo posible la ampliación del plazo, por causas justificadas.

6.- ¿Pueden impugnarse las disposiciones de carácter general?

a) Sí, siendo competentes para su conocimiento los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
b) Sí, y su desestimación no impedirá la impugnación de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.
c) No, pero sí de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho, y en caso de sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente.
d) Sí, una vez agotada la vía administrativa mediante la interposición de los recursos administrativos que correspondan.

7.- En relación con los requisitos para poder ser parte en un proceso contencioso–administrativo, señala el enunciado correcto:

a) Las Administraciones Públicas no ostentan legitimación para interponer recursos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
b) En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público los citados órganos tendrán la consideración de parte demandada.
c) Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
d) Aquéllos ciudadanos que no ostenten un derecho que pudiera resultar afectado no están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

8.- Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, señale el enunciado INCORRECTO, en relación al Recurso Especial en materia de Contratación:

a) Son susceptibles de este recurso un contrato subvencionado del artículo 23 y los encargos cuando, atendiendo a su duración total más las prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para los contratos de concesión de servicios.
b) Es objeto de recurso los acuerdos de rescate de las concesiones.
c) En todo caso está legitimada para interponer recurso la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.
d) El recurso interpuesto mediante escrito contra un documento contractual que deba regir en la contratación, deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles cuyo cómputo comenzará desde el día siguiente a la remisión de la invitación a los candidatos seleccionados en el caso de procedimiento negociado sin publicidad.

9.- Respecto a la subrogación en contratos de trabajo regulada en artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, señale la opción correcta:

a) En el caso de que una vez producida la subrogación, los costes laborales fuesen diferentes a los que se desprendieron de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el nuevo contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.
b) Lo dispuesto para subrogación de trabajadores no resultará aplicable a los socios trabajadores de las cooperativas adscritos a la actividad objeto de la subrogación.
c) Si una Administración Pública decide prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba en todo caso.
d) Ninguna es correcta.

10.- Durante la ejecución de un contrato administrativo de obras, se produce el impago de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que están participando en la misma; en virtud de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público:

a) Es causa de resolución del contrato, que se acordará de oficio o a instancia del contratista.
b) No es causa de resolución del contrato en sí misma, ya que para ello se necesita que se incumplan las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo en vigor, conforme establece el art. 211.
c) Si el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista, proceda o no subrogación de trabajadores, es igual al 5% del precio de adjudicación del contrato, procede la resolución, y ésta se acordará directamente por el órgano de contratación de oficio.
d) Es causa de resolución del contrato, la cual sólo se acordará con carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista.