1. ¿Es aplicable la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a una Corporación Local?

a) Sí, al tener la consideración de Administración Pública según la citada Ley.
b) Sí, aunque solo de manera supletoria.
c) No, ya que las Administraciones de los Territorios Históricos se encuentran excluidas de su ámbito de aplicación.
d) No, al no atribuirle la citada Ley la condición de Administración Pública.

2. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿es posible que otra norma jurídica incluya en un procedimiento administrativo trámites distintos a los previstos en la citada Ley?

a) No, en ningún caso.
b) Sí, aunque sólo mediante ley y de forma motivada, cuando ello resulte eficaz, proporcionado y necesario.
c) Sí, mediante ley o reglamento, de forma motivada y cuando ello resulte eficaz, proporcionado y necesario.
d) Sí, en cualquier caso, ya que la citada Ley sólo regula los aspectos comunes del procedimiento.

3. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿tienen las personas menores de edad capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas por sí mismos, sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela?

a) Sí, siempre que su grado de madurez lo permita.
b) No, nunca.
c) Sólo cuando esa posibilidad esté permitida por el ordenamiento jurídico.
d) Sólo cuando esa posibilidad esté permitida por el Código civil, en términos idénticos a su actuación en el ámbito privado.

4. Para ser considerado interesado en un procedimiento administrativo se ha de ser titular:

a) De un derecho, en todo caso.
b) De un interés legítimo, en todo caso.
c) De un derecho o de un interés, aunque este no sea legítimo.
d) De un derecho o de un interés legítimo.

5. Una vecina de Barcelona presenta una solicitud ante la Delegación del Gobierno con sede en dicho municipio. ¿Tiene derecho a expresar dicha solicitud en catalán?

a) No, ya que se trata de un órgano de la Administración General del Estado.
b) Sí, y el procedimiento deberá tramitarse también en esa lengua.
c) Sí, pero la Administración podrá dirigirse al interesado en castellano durante el procedimiento.
d) No, ya que el uso de lenguas cooficiales no está previsto en el ámbito administrativo.

6. La norma reguladora de un procedimiento concreto establece que este se deberá iniciar de oficio, pero no fija el plazo máximo para su resolución. ¿Cuándo finalizará dicho plazo?

a) A los seis meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) A los seis meses, contados desde que el interesado reciba la notificación del acuerdo de iniciación.
c) A los tres meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación.
d) A los tres meses, contados desde que el interesado reciba la notificación del acuerdo de iniciación.

7. Una Administración ha notificado al interesado en un procedimiento administrativo un acto, mediante el cual se le otorga el plazo de un mes para realizar una determinada actuación. ¿Cómo deberá computarse dicho plazo?

a) Se iniciará el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto, y concluirá el mismo día en que se produjo la notificación en el mes siguiente.
b) Se iniciará el día en que tenga lugar la notificación del acto, y concluirá el mismo día en que se produjo la notificación en el mes siguiente.
c) Se iniciará el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto, y deberán computarse treinta días naturales, finalizando el plazo el último día de dicho cómputo.
d) Se iniciará el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto, y deberán computarse treinta días hábiles, finalizando el plazo el último día de dicho cómputo.

8. ¿Cuál de los contratos típicos del sector público tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles?

a) El contrato de obras.
b) El contrato de servicios.
c) El contrato de suministro.
d) El contrato de gestión de servicios públicos.

9. ¿Puede aplicarse el derecho privado a un contrato administrativo, en el sentido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

a) No, en ningún caso, ya que estos contratos se rigen íntegramente por derecho público.
b) Sólo en aquellos aspectos que las partes del contrato así lo acuerden.
c) Sólo si un determinado aspecto no se encuentra regulado en el citado Texto Refundido, ni en las restantes normas de derecho administrativo.
d) Sí, en todo caso, ya que es el régimen aplicable de manera directa a estos contratos.

10. A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, un contrato de suministro celebrado por una Administración Pública, tendrá la consideración:

a) De contrato administrativo, en cualquier caso.
b) De contrato privado, en cualquier caso.
c) De contrato administrativo o de contrato privado, según las circunstancias del caso.
d) De contrato mixto.