1.- Los plazos para recurrir se contarán:

a) desde el mismo día de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, de la notificación de su aclaración o de la denegación de ésta.
b) desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de la denegación de ésta.
c) desde el mismo día de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, de la notificación de su revisión o de la denegación de ésta.
d) desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su revisión o de la denegación de ésta.

2.- ¿Cuál de las siguientes reglas es INCORRECTA, en relación con el embargo de sueldos y pensiones?

a) Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.
b) Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable.
c) Serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges si les rige un régimen económico que no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, lo que habrán de acreditar al Letrado de la Administración de Justicia.
d) Las cantidades así embargadas podrán ser entregadas directamente a la parte ejecutante, en la cuenta que ésta designe previamente, si así lo acuerdan ejecutante y ejecutado, dando cuenta de ello al Letrado de la Administración de Justicia.

3.- ¿Cuál de las siguientes prestaciones comprendidas en el derecho a la asistencia jurídica gratuita está INCORRECTAMENTE definida?

a) Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en cualquier procedimiento judicial.
b) Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
c) Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos
d) Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial.

4.- El ámbito de la competencia objetiva de la Audiencia Provincial en relación con las infracciones penales cometidas por mayores de 18 años se extiende, entre otros supuestos, al enjuiciamiento y resolución:

a) de las causas por delito castigado con pena privativa de libertad de duración no superior a 5 años, salvo los atribuidos a las Audiencia Nacional y al Tribunal del Jurado, y del procedimiento de decomiso autónomo por cualquier delito.
b) de las causas por delito castigado con pena privativa de libertad de duración superior a 5 años, salvo los atribuidos a la Audiencia Nacional y al Tribunal del Jurado, y del procedimiento de decomiso autónomo por cualquier delito.
c) de las causas por delito castigado con pena privativa de libertad de duración superior a 5 años, salvo los atribuidos a la Audiencia Nacional y al Tribunal del Jurado, y del procedimiento de decomiso autónomo por los delitos para cuyo enjuiciamiento sea competente.
d) de las causas por delito castigado con pena privativa de libertad de duración superior a 5 años, incluidos los atribuidos al Tribunal del Jurado, y del procedimiento de decomiso autónomo por los delitos para cuyo enjuiciamiento sea competente.

5.- La medida de investigación consistente en el registro remoto sobre equipos informáticos, regulada en el artículo 588 septies

a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá utilizarse para la investigación de: a) todo tipo de delitos, siempre que concurran los requisitos de especialidad, excepcionalidad, proporcionalidad, idoneidad y necesidad de la medida.
b) los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 305 a 310 Código Penal).
c) los delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente.
d) los delitos contra la propiedad industrial e intelectual (art. 270 a 277 Código Penal).

6.- Cuando una persona menor de 14 años deba intervenir como testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto, entre otros, la instrucción de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales:

a) el Juez acordará, en todo caso, la audiencia del menor como prueba preconstituida y, en ningún caso, se admitirá su posterior intervención como testigo en el acto del juicio oral, siendo suficiente a tales efectos la reproducción en la vista de la grabación audiovisual.
b) el Juez podrá acordar la audiencia del menor como prueba preconstituida, en cuyo caso no se admitirá su posterior intervención como testigo en el acto del juicio oral, siendo suficiente a tales efectos la reproducción en la vista de la grabación audiovisual.
c) el Juez acordará, en todo caso, la audiencia del menor como prueba preconstituida y, excepcionalmente, se admitirá, a instancia de parte, su posterior intervención como testigo en el acto del juicio cuando se considere necesaria en resolución motivada.
d) el Juez acordará, en todo caso, la audiencia del menor como prueba preconstituida y, excepcionalmente, se admitirá su posterior intervención como testigo en el acto del juicio cuando, de oficio, se considere necesaria en resolución motivada.

7.- En relación con la dispensa de la obligación de declarar, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señale la respuesta correcta:

a) Están dispensados de declarar los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente, en todos los supuestos.
b) Están dispensados de declarar los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente, salvo que sean víctima de un delito grave cometido contra su persona.
c) La dispensa de declarar no rige cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento, aunque no hubiese sido previamente informado de la posibilidad de dispensa.
d) La dispensa de la obligación de declarar a los parientes del investigado no será de aplicación cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección.

8.- En relación con el procedimiento de decomiso autónomo regulado en el artículo 803 ter e) y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señale la respuesta que NO es cierta:

a) Este procedimiento está previsto únicamente para aquellos supuestos en que el autor de un hecho punible haya fallecido.
b) Serán aplicables al procedimiento de decomiso autónomo las normas que regulan el juicio verbal regulado en el Título III del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que no sean contradictorias con la regulación específica establecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
c) Cuando la sentencia estime total o parcialmente la demanda de decomiso, identificará a los perjudicados y fijará las indemnizaciones que fueran procedentes.
d) La acción de decomiso en el procedimiento de decomiso autónomo será ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal.

9.- Las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional:

a) son apelables ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, respectivamente, sin posibilidad de ulterior recurso de casación.
b) son apelables ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, respectivamente, con posibilidad de ulterior recuso de casación únicamente por infracción de ley.
c) son apelables ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, respectivamente, con posibilidad de ulterior recurso de casación únicamente por quebrantamiento de forma.
d) son apelables ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, respectivamente, con posibilidad de ulterior recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma.

10.- Los Fiscales Europeos delegados son competentes:

a) en todos los supuestos de delitos contra la Hacienda de la Unión referidos a ingresos procedentes de los recursos propios del impuesto sobre el valor añadido.
b) del delito de malversación cuando perjudique de cualquier manera los intereses financieros de la Unión.
c) para investigar cualquier tipo de delito relacionado con el territorio de dos o más Estados miembros y suponga, como mínimo, un perjuicio total de 10 millones de euros.
d) en todos los supuestos de delitos contra la Hacienda de la Unión tipificados en los artículos 305, 305 bis y 306.