1.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la reforma constitucional es correcta:

a) La iniciativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y a los ciudadanos, mediante la iniciativa popular.
b) Requiere siempre la aprobación por mayoría idéntica de ambas Cámaras.
c) No puede iniciarse en tiempo de guerra o durante la vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 de la Constitución.
d) Una vez iniciada, su tramitación debe interrumpirse en tiempo de guerra o durante la vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 de la Constitución.

2.- Según la Constitución Española, ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, añadiendo:

a) que los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española.
b) que la religión que debe regir los actos protocolarios del Estado es la católica.
c) que los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones religiosas mayoritarias, dando prioridad a las iglesias de tradición judeocristiana.
d) que, por tanto, los poderes públicos deben abstenerse de toda relación institucional o de cooperación con las confesiones religiosas.

3.- La regulación orgánica de la libertad de reunión y manifestación del artículo 21 de la Constitución permite a la autoridad gubernativa impedir su celebración en uno de los siguientes supuestos:

a) siempre que la reunión o manifestación no se comunique previamente a la autoridad gubernativa con un mínimo de diez días de antelación.
b) cuando la reunión o manifestación pacífica en su origen derivase en una situación de alteración del orden público con peligro para personas y bienes.
c) cuando se reúnan o manifiesten menos de veinte personas.
d) cuando la autoridad gubernativa no autorice la convocatoria en las setenta y dos horas siguientes al registro de la comunicación previade los promotores.

4.- De la configuración de las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales que establece la Constitución en el Título I, se deduce que una de las siguientes tiene carácter subsidiario:

a) El Habeas Corpus regulado en el artículo 17.4 de la Constitución.
b) El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional regulado en el artículo 53.2 de la Constitución.
c) El amparo judicial preferente y sumario regulado en el artículo 53.2 de la Constitución.
d) El derecho de rectificación en relación con el artículo 20.1.d) de la Constitución.

5.- El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género establece una de las siguientes obligaciones en relación con los matrimonios forzosos:

a) que el Estado parte tome medidas para que sean anulables o puedan ser disueltos en vía civil sin cargas excesivas para la víctima.
b) que el Estado parte tome medidas para que las víctimas que sean llevadas a otro país para un matrimonio forzoso adquieran la condición de refugiadas.
c) que el Derecho Penal del Estado parte recoja como delito los matrimonios concertados con contraprestaciones económicas.
d) que los funcionarios de los Estados parte estén obligados a denunciar las inscripciones de matrimonios sospechosas de haberse celebrado con engaño.

6.- Las Comisiones Legislativas Permanentes del Congreso de los Diputados y el Senado:

a) no pueden aprobar proyectos de ley, dado que se trata de una competencia del Pleno.
b) pueden aprobar por delegación proyectos de ley, pero no proposiciones de ley.
c) pueden aprobar por delegación proyectos de ley ordinaria, pero no orgánica.
d) tienen competencia propia para aprobar proyectos de ley ordinaria, pero sólo pueden aprobar leyes orgánicas en virtud de delegación expresa del Pleno.

7.- La disolución judicial de un partido político por vulnerar los principios democráticos, según el listado del artículo 9.2 de la Ley Orgánica de Partidos, es competencia del siguiente órgano judicial:

a) La sala especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) La sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
c) Si hubiere aforados, la sala de lo penal del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
d) Si el partido es autonómico, la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.

8.- Al detallar la composición de los siguientes órganos del Ministerio Fiscal, hay uno incompleto. Señale cuál:

a) El Consejo Fiscal, presidido por el Fiscal General del Estado, está integrado además por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe Inspector y nueve Fiscales de cualquiera de las categorías.
b) La Junta de Fiscales de Sala, presidida por el Fiscal General del Estado, está integrada además por los Fiscales de Sala, actuando como secretario, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica.
c) La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, presidida por el Fiscal General del Estado, estará integrada por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, por dichos Fiscales Superiores, y por el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, que actuará como secretario.
d) La Fiscalía del Tribunal Supremo, bajo la jefatura del Fiscal General del Estado se integrará, además, con un Teniente Fiscal, los Fiscales de Sala y los Fiscales del Tribunal Supremo que se determinen en la plantilla.

9.- Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que una resolución judicial firme vulnera alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales:

a) dicha resolución queda automáticamente anulada.
b) no cabe ningún recurso, sin perjuicio de la eventual indemnización en favor de los perjudicados.
c) se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo.
d) se podrá interponer un incidente de nulidad.

10.- La cuestión prejudicial es un procedimiento incidental cuyo objeto, conforme al artículo 267 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es que un juez pueda pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una de las siguientes respuestas:

a) La resolución definitiva de un litigio originado en un Estado miembro en el que es necesario aplicar Derecho de la Unión.
b) La respuesta a una duda de interpretación del Derecho estatal aplicable al caso por su conexión con el Derecho de la Unión Europea.
c) La determinación sobre la validez de una disposición de Derecho derivado de la Unión Europea aplicable y que pudiera ser contraria al Tratado de la Unión Europea o al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
d) La determinación sobre la validez de una disposición de Derecho estatal que entra en conflicto con el Derecho de la Unión Europea.