En una de las Direcciones Generales del Ministerio de Educación y Formación Profesional se está tramitando un expediente sancionador contra D. Raúl Valerio Ferreras, en el que constan los siguientes antecedentes:
- El 1 de abril de 2021, se recibió una denuncia contra D. Raúl Valerio Ferreras por la realización de una actividad el día 10 de diciembre de 2020 sin la preceptiva autorización administrativa.
- El 15 de abril se abrió un periodo de actuaciones previas a fin de determinar si la iniciación del procedimiento sancionador estaba motivada.
- Con fecha 1 de junio de 2021 se dictó acuerdo de incoación contra D. Raúl por estos hechos que son calificados como infracción grave por la normativa específica en la materia, que también establece que a estas infracciones le puede corresponder una sanción pecuniaria. No obstante, no se regulan otras especialidades del procedimiento sancionador, siendo de aplicación en los demás aspectos lo establecido en las Leyes 39/2015 y 40/2015.
- Por causas no imputables al presunto infractor transcurre el plazo máximo sin que la Administración haya resuelto y notificado la resolución del procedimiento.
- Posteriormente, la Administración inició un nuevo procedimiento por la misma infracción, incorporando los actos y trámites del anterior cuyo contenido se habría mantenido igual, y cumplimentando únicamente los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado. Este procedimiento finaliza con una Resolución de la Ministra por la que se impone a D. Raúl Valerio Ferreras una multa de 5.000 euros.
Por otra parte, esta Dirección General quiere racionalizar su sistema de archivos y documentos dado el elevado volumen de los mismos, planteándose una serie de cuestiones respecto al procedimiento a seguir.
Otra de las Direcciones Generales, la Dirección General de Planificación y Gestión, dependiente de la Secretaría de Estado de Educación, prevé publicar una convocatoria de ayudas al estudio, en régimen de concurrencia competitiva, cuya cuantía total asciende a 700.000 euros. En el Presupuesto vigente para el ejercicio existe crédito adecuado en la aplicación 18.08.323M48200 por un importe de 600.000 euros, por lo que no es suficiente para poder tramitar la convocatoria. No obstante, sí existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación 18.04.322L48404.
Finalmente, la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio debe tramitar varios expedientes iniciados en relación con el personal del Ministerio.
En relación con las situaciones descritas, responda las siguientes cuestiones:

1. Si la ley específica en la materia no regula el plazo de prescripción, ¿cuándo prescribiría la infracción cometida por D. Raúl si es calificada como grave?

a) A los seis meses desde su comisión.
b) Al año de su comisión.
c) A los dos años desde su comisión.
d) A los tres años desde su comisión.

2. En relación con el expediente sancionador, ¿qué órgano debía realizar las actuaciones previas de acuerdo con el artículo 55 de la Ley 39/2015?

a) El órgano competente para la iniciación del procedimiento y, en su defecto, el órgano competente para su resolución.
b) El órgano competente para la resolución del procedimiento y, en su defecto, el órgano competente para su iniciación.
c) El órgano competente para la iniciación del procedimiento y, en su defecto, el que tenga atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia.
d) El órgano que tenga atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en su defecto, el que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.

3. Si la normativa específica no regula el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento sancionador, ¿cuál es la fecha máxima que tiene la Administración para dictar y notificar la resolución en el procedimiento iniciado el 1 de junio de 2021?

a) El 1 de septiembre de 2021, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil.
b) El 1 de octubre de 2021, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil.
c) El 15 de octubre de 2021, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil.
d) El 1 de diciembre de 2021, siempre que dicho día fuera hábil y, si no lo es, el siguiente hábil.

4. En el procedimiento sancionador, ¿qué efecto produciría el vencimiento del plazo máximo establecido sin dictar y notificar resolución expresa?

a) La caducidad del procedimiento si la cuestión no afectaba al interés general o no era conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, y el archivo de las actuaciones, si bien la Administración puede iniciar un nuevo procedimiento.
b) La prescripción de la infracción dado que el incumplimiento se ha debido únicamente a la Administración.
c) La caducidad del procedimiento en todo caso y el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento por la misma infracción.
d) La declaración de no culpabilidad del presunto infractor.

5. Si la sanción a imponer tiene únicamente carácter pecuniario y D. Raúl realizara el pago voluntario antes de la Resolución, ¿qué consecuencia conllevaría?

a) Una reducción del importe de la sanción propuesta, previa cumplimentación de las fases del procedimiento pendientes de celebrar.
b) La aplicación de una reducción del 30 % sobre el importe de la sanción propuesta.
c) La terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados.
d) La aplicación de una reducción de, al menos, el 50 % sobre el importe de la sanción propuesta, estando su efectividad condicionada a la renuncia de cualquier recurso administrativo contra la sanción.

6. Dada la sanción impuesta, ¿qué medios de ejecución forzosa podría utilizar la Administración de manera preferente?

a) La ejecución subsidiaria.
b) El apremio sobre el patrimonio.
c) La multa coercitiva.
d) La compulsión sobre las personas.

7. Respecto a la Dirección General que quiere racionalizar su sistema de archivos y documentos, ¿a qué archivo ha de transferir los expedientes y documentos que han concluido su tramitación y su etapa de utilización y consulta de acuerdo con los plazos establecidos durante el proceso de valoración?

a) Al Archivo Central del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
b) Al Archivo General de la Administración.
c) Al Archivo Histórico Nacional.
d) Al Archivo Central del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

8. Y, según el Real Decreto 1708/2011, antes de la transferencia indicada en la pregunta anterior, ¿cuál es el tratamiento que se debe dar a los documentos de apoyo informativo obrantes en esos expedientes?

a) Identificarlos en series y elaborar el cuadro de clasificación previo a su transferencia al correspondiente archivo.
b) Elaborar la correspondiente relación de entrega antes de su transferencia periódica al correspondiente archivo.
c) Aplicar programas de reproducción en soportes alternativos para garantizar su conservación y fomentar su difusión.
d) Eliminarlos.

9. Si el Ministerio quiere contratar la elaboración de un proyecto de obras por un estudio de arquitectura, en el que los criterios evaluables mediante juicio de valor son un 40 % del total, para abordar posteriormente los desperfectos de una sus dependencias:

a) Podría acudir a un contrato menor si el valor estimado del contrato fuera inferior a 25.000 euros.
b) El órgano de contratación podrá acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado si el valor estimado del contrato es inferior a 139.000 euros.
c) Solo en el caso de que el valor estimado del contrato fuera superior a 214.000 euros estaría sujeto a regulación armonizada.
d) El órgano de contratación podrá acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado, en el que se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional si el contrato fuera inferior a 60.000 euros.

10. En otro de los contratos de obras del Ministerio el valor estimado asciende a 79.000 euros y entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego hay un 20 % de ellos que son evaluables mediante juicio de valor. Señale la respuesta correcta:

a) Se podrá realizar la contratación mediante un contrato menor de obras.
b) El órgano de contratación podrá acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado, en el que se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
c) El órgano de contratación podrá acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado, requiriendo su tramitación la constitución de garantía definitiva.
d) El órgano de contratación no podrá acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado al ser el valor estimado del contrato superior a 40.000 euros.