1.- Las Administraciones Públicas podrán iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando:

a) El órgano que inicie el procedimiento sea de carácter territorial.
b) Se haya formulado una solicitud previa por un interesado.
c) Se haya declarado así en un dictamen del Consejo de Estado.
d) No haya prescrito el derecho a la reclamación de los posibles interesados.

2.- Contra el acto administrativo expreso que no ponga fin a la vía administrativa el interesado podrá interponer el recurso de alzada:

a) En el plazo de un mes, y se interpondrá ante el órgano que deba fiscalizar el cumplimiento de la resolución recurrida.
b) En el plazo de quince días a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Se interpondrá, necesariamente, ante el mismo órgano que dictó el acto.
c) En el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, a partir del día siguiente a aquel en que haya sido notificado. Se interpondrá ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo.
d) En el plazo de un mes, contado a partir del día en que fue dictado. Se interpondrá ante el superior jerárquico del órgano que lo dictó.

3.- Cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación presunta por silencio administrativo de una reclamación patrimonial:

a) La resolución del recurso deberá ser necesariamente estimatoria si no se ha dictado dentro del plazo de tres meses desde su interposición.
b) La resolución del recurso deberá ser necesariamente estimatoria si no se ha notificado dentro del plazo de tres meses desde su interposición.
c) La resolución del recurso podrá ser estimatoria o desestimatoria cualquiera que sea el momento en que se dicte.
d) La resolución del recurso se entenderá siempre desestimatoria, aunque se hubiese incurrido en silencio administrativo al dictar aquella.

4.- Podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración Pública:

a) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por la ley.
b) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley.
c) En los casos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, únicamente estará legitimada la persona acosada, y no los sindicatos y asociaciones legalmente constituidas para la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

5.- La representación en un proceso contencioso-administrativo deberá ser conferida:

a) En todo caso a un procurador de los tribunales.
b) A un procurador de los tribunales, salvo que el interesado prefiera comparecer por sí mismo.
c) A un abogado o a un procurador de los tribunales, a elección del interesado, cuando la demanda se interponga ante un juzgado de dicha jurisdicción.
d) A una persona física con capacidad de obrar o a una persona jurídica, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.

6.- Al escrito que inicia el recurso contencioso-administrativo le deben acompañar una serie de documentos, entre los que están:

a) El que acredite haber cumplido los requisitos para poder entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a sus normas o estatutos.
b) El que acredite la representación del compareciente.
c) La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicar el expediente en que haya recaído el acto o bien el periódico oficial en que dicha disposición se haya publicado.
d) Todos los anteriores son correctos.

7.- Se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo sin necesidad de previo recurso administrativo:

a) Contra un acto administrativo firme y definitivo.
b) Contra un acto administrativo de trámite, que cause indefensión.
c) Contra un acto administrativo dictado por una Administración Pública cuando la recurrente sea otra Administración Pública.
d) Contra un acto administrativo que tenga por destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas.

8.- La cuantía de un recurso contencioso-administrativo vendrá determinada:

a) Cuando existan varios demandantes, por el valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos.
b) Por la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el del acto que motivó el recurso, si la Administración hubiera reconocido parcialmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.
c) Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de estos fuera de importe superior a aquel.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

9.- Si el juzgado o tribunal inadmitiere un recurso contencioso-administrativo por falta de jurisdicción o de competencia:

a) El demandante deberá presentar, en todo caso, una nueva demanda en el órgano que estime competente.
b) Si la inadmisión es por falta de jurisdicción, el demandante tiene el plazo de un mes para personarse ante el orden jurisdiccional que el auto de inadmisión haya señalado como competente.
c) Si la inadmisión es por falta de competencia, el demandante tendrá que interponer su demanda ante el órgano que el auto de inadmisión haya estimado competente.
d) El auto de inadmisión no es recurrible, sin perjuicio de que el demandante pueda presentar una nueva demanda.

10.- La extensión de los efectos de una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa podrá solicitarse:

a) Cuando la sentencia resuelva un recurso en materia de dominio público o urbanístico.
b) Cuando la sentencia resuelva un recurso en materia tributaria o de personal al servicio de la Administración Pública.
c) Cuando la sentencia resuelva un recurso en materia de expropiación forzosa o propiedades especiales.
d) Cuando la sentencia resuelva un recurso en materia de obras públicas del Estado y contratación administrativa.