1. El derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, está reconocido en:

a) El artículo 24.1 CE
b) El artículo 24.2 CE
c) El artículo 25.1 CE
d) El artículo 117 CE

2. La tutela judicial efectiva incluye necesariamente la prohibición de indefensión y el derecho a:

a) Elegir libremente al juez que resuelva el asunto
b) Obtener una resolución fundada y en un plazo razonable, así como la ejecución de lo resuelto
c) Que los tribunales siempre estimen las pretensiones del demandante
d) Evitar cualquier tipo de proceso judicial

3. ¿Cuál de los siguientes derechos NO forma parte del artículo 24.2 de la Constitución Española?

a) Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley
b) Derecho a la presunción de inocencia
c) Derecho a la reeducación y reinserción social del condenado
d) Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa

4. El derecho a la asistencia de letrado y a ser informado de la acusación formulada contra uno mismo está reconocido expresamente en:

a) El artículo 24.1 CE
b) El artículo 24.2 CE
c) El artículo 17 CE
d) El artículo 25.2 CE

5. El principio de que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento” se conoce como:

a) Principio de proporcionalidad
b) Principio de legalidad penal y administrativa (o non bis in idem)
c) Principio de legalidad penal y administrativa (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia)
d) Principio de humanidad de las penas

6. Según el artículo 25.3 de la Constitución Española, la Administración civil:

a) Puede imponer sanciones privativas de libertad de forma subsidiaria
b) Puede imponer cualquier tipo de sanción administrativa, incluida la prisión por conversión de multa
c) No podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad
d) Solo puede imponer sanciones privativas de libertad en vía de apremio

7. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, conforme al artículo 25.2 CE, deberán estar orientadas hacia:

a) El castigo ejemplar y la intimidación general
b) La reeducación y reinserción social
c) El trabajo forzado como elemento esencial de la pena
d) La limitación total de los derechos fundamentales del condenado

8. La prohibición absoluta de que la potestad sancionadora administrativa pueda implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad tiene su fundamento constitucional directo en:

a) El artículo 24.1 CE
b) El artículo 25.1 CE
c) El artículo 25.2 CE
d) El artículo 25.3 CE

9. El derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías forma parte de:

a) La tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE (según la doctrina del TC es contenido básico de la misma)
b) Los derechos enumerados expresamente en el artículo 24.2 CE
c) El principio de legalidad del artículo 25 CE
d) El derecho a la ejecución de sentencias del artículo 117 CE

10. En relación con el principio de legalidad sancionadora administrativa derivado del artículo 25 CE:

a) La Administración puede sancionar conductas que no estén tipificadas expresamente como infracción si son socialmente reprochables
b) Es necesario que la infracción y la sanción estén previstas en una ley formal (reserva de ley)
c) Basta con que la infracción esté prevista en reglamento y la sanción en ley orgánica
d) El principio de legalidad solo es exigible en vía penal, no en vía administrativa